Permitirá abordar la criminalidad rural, unificando procesos de investigación e información, entre otras acciones.
El gobierno provincial y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) firmaron un convenio marco para el Abordaje Integral de la Criminalidad Rural, que permitirá unificar procesos de investigación e información, entre otras acciones.
Al respecto, el ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna, sostuvo que “después de un estudio muy importante que se hizo, donde participó el Ministerio de la Producción de la provincia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), y la parte técnica de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFe) firmamos un convenio para el abordaje puntual del delito rural”.
Al respecto, agregó que “el delito rural está atravesado por un montón de normas nacionales y provinciales, por eso es muy importante que tanto la Policía como los fiscales tengan un protocolo en base a información detallada que surge de cruzar datos de todas las entidades y así poder darle mayor respuesta al productor rural frente al delito”.
A su turno, el fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Baclini, destacó que “en el análisis inicial hicimos una evaluación con toda la problemática delictual tendiente a consolidar un mapa del delito, que es uno de los objetivos dentro del convenio”.
“El mapa del delito nos va a permitir distinguir las distintas situaciones que se presentan en este tipo de delincuencia, que es una delincuencia que requiere un análisis particularizado, y sobre esa base, la definición que se va a tomar es también la aprobación de una guía de investigación para cada problemática”, remarcó.
Sumado a ello, los funcionarios también indicaron que el Convenio permitirá gestionar “la capacitación de los operadores de la Policía y de la fiscalía”, permitiendo un abordaje integral y transversal del delito rural.
Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, sostuvo que “esto es un paso importantísimo, que está basado en un trabajo conjunto, que le da sustento técnico y territorial y que nos va a permitir, sin lugar a dudas, contribuir a mejorar la situación de los delitos rurales”.
Finalmente, el coordinador de la Comisión de Seguridad Rural de CARSFe, Gerardo Vicentini, describió que “hemos estado trabajando en los mecanismos que nos den un marco conceptual para integrar la información, que estaba dispersa, y que se traduce en un mapa del delito. Esto es una herramienta de análisis criminal que implica un cambio de paradigma muy importante, porque toda la instrucción y el enfoque que se ha dado a este trabajo, con la estandarización de la denuncia policial, apunta a que haya un cambio de enfoque en el objeto del delito, que está encuadrado en un concepto de cadena de valor e impacto económico, y de delitos complejos”, finalizó el representante de la entidad.
Estuvieron presentes además, los subsecretarios de Prevención y Control Urbano de la provincia, Alberto Mongia, y de Seguridad Preventiva de la provincia, Diego Llumá; el director de la Guardia Rural Los Pumas, Adrián Roland; y la presidenta de CARSFe, Sara Gardiol.
“Nuestra marca de trabajo es la cercanía y el respeto aún en la disidencia”, afirmó y condenó las disputas que “dejan en el medio, sin atender, a las verdaderas necesidades de la gente”. Seguirá acompañada por Corral y Martorano en las vicepresidencias 1º y 2º, respectivamente.
Desde Amra destacaron que entre los profesionales de la salud “primó la necesidad imperiosa de un ajuste salarial y no retrasar aún más la titularización de los compañeros precarizados”. El aumento será del 18 por ciento.
Diputados del bloque Unidos plantearon que el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases, implicaría una competencia desleal para la estructura productiva de Santa Fe. El tema fue tratado por los gobernadores de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe durante el Foro de la Región Centro.
La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados destacó la sanción del proyecto que establece un marco para los usuarios santafesinos que produzcan electricidad para volcar a la red de distribución. Se formaliza una política iniciada en 2016 por el exgobernador Lifschitz.
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