Denuncia penal del intendente derivó en la condena de 17 personas por venta de droga

Una denuncia penal impulsada por el intendente Leonel Chiarella, quien declaró como testigo y denunciante semanas atrás, derivó en la condena de 17 personas por venta de estupefacientes, en el primer juicio oral y público en Venado Tuerto llevado adelante por la Justicia Federal.

La investigación comenzó en 2018, tras la denuncia con nombres y apellidos que realizó el mandatario venadense, que desembocó en 20 allanamientos realizados por las fuerzas federales en febrero de 2019.

De total de los condenados, 11 tienen vínculo directo con Venado Tuerto y los demás se dedicaban a comercializar drogas en zonas cercanas a la ciudad, como en Rufino y Firmat.

Chiarella se expresó al respecto a través de un comunicado para dar cuenta a la comunidad de lo sucedido. "Estimados vecinos, quiero informarles que 17 delincuentes que vendían droga en Venado Tuerto y la región fueron condenados a prisión. Entre ellos, como consecuencia a que en el año 2018 realicé una denuncia indicando 10 lugares de venta de droga en la ciudad. Por eso, semanas atrás me presenté a declarar en el juicio oral en calidad de denunciante y testigo", publicó el intendente en sus redes sociales.

Asimismo, señaló que "finalmente, por estas causas la Justicia Federal resolvió condenas de prisión para 17 personas que tanto mal le hacen a la ciudad con sus delitos y que a tantos jóvenes le joden la vida con la venta de estupefacientes". “Estamos convencidos -añadió- de continuar denunciando estos actos delictivos para que se sigan desbaratando bandas que venden droga y que afectan a la seguridad de los venadenses”.

Por último, reconoció el compromiso de los magistrados federales y de las fuerzas de seguridad al tiempo que manifestó su deseo de que "la Justicia siga acompañando nuestros esfuerzos; la sociedad necesita penas duras con el fin de que estos delincuentes no vuelvan a recuperar la libertad en poco tiempo".

Condenas

El Tribunal en lo Criminal Oral N°3 de Rosario, dio a conocer días atrás el fallo donde se condena a Natalí Rafaela Castelli a la pena de seis años y seis meses de prisión; a Guillermo Sebastián López (9); Jesús Alberto Beltrán (7); Lucas Damián Spada (7); Natalí Caroline Macedo González (6); Lucas Videla Mirazu (7 años y 9 meses); Fabricio Martín Monsalvo (11); Georgina Ayelén Fernández (6); Martín Ezequiel Cardozo (prisión perpetua), por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio.

También fue condenado Lucas Leonel Benítez (5 años y 6 meses de prisión); Cristian Leonardo Pérez (4 años y 6 meses); Florencia Natalí Pessarello Aguilera (4 años); Denis Enrique Tognoni (5); Facundo Alejandro Ramiro Rodríguez (4); Rosa Haydee Rodríguez (3); Maira Jaquelina Crespo (3); Belén Cristina Fernández (3).

Asimismo, el tribunal resolvió absolver por el beneficio de la duda a Walter Castelli y Luis Emiliano Bonahora Curi (agente de la Policía Federal). Además, se hizo lugar a los pedidos de suspensión de juicio para Romina Daiana Rocío Pietracola y Juliana Anahí Chávez, por el término de un año.

Investigación

El juez federal Aurelio Cuello Murúa y el fiscal Javier Arzubi Calvo fueron quienes activaron las investigaciones en octubre de 2018, a partir de un llamado anónimo realizado al 911 de la policía provincial. De este modo, se puso en conocimiento que en una vivienda ubicada en Venado Tuerto (en esquina Monseñor Borgarino y Vieytes), se estarían desarrollando distintos delitos vinculados a la ventas de droga.

En ese entonces Chiarella, en su rol de concejal, fue quien decidió presentar una denuncia con nombres, apellidos, direcciones y fotografías de las personas que estarían involucradas con la venta de estupefacientes en barrios de Venado Tuerto. Con el avance de las causas, el actual intendente declaró en calidad de testigo.

Como consecuencia de diferentes seguimientos e intervenciones telefónicas, se pudo comprobar que las personas sometidas a investigación se dedicaban al comercio de droga. Algunas de ellas con maniobras desde la cárcel de Coronda, pero en su mayoría siendo parte de este comercio ilegal en el sur santafesino, con kioskos de venta de droga en Venado Tuerto, Firmat, Melincué y Rufino.

La Justicia Federal y las fuerzas de seguridad para validar las sospechas y pruebas en febrero de 2019 encabezaron una serie de allanamientos, donde se pudo dar con el secuestro de distintas cantidades de estupefacientes, balanzas, utensilios de corte y teléfonos celulares, elementos claves para efectuar la detención de los involucrados.