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"Se trata de cifras similares a las que se llevaron a la mesa paritaria de los demás gremios de trabajadores del Estado”, señaló el ministro de Seguridad, por lo que se prevé que el incremento será escalonado. Además, darán una suma fija de $1.200 durante marzo.
La reunión tuvo lugar en Santa Fe capital
Este miércoles por la mañana se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe una reunión de la mesa central de la Comisión de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Seguridad de la provincia, en la cual se presentó una política salarial que contempla “un incremento del 31 por ciento para el sector policial y penitenciario”, señaló el ministro del área, Raúl Lamberto.
La propuesta contempla además la “incorporación al sueldo básico de sumas bonificables que antes no lo eran –que impactaría de manera favorable en el cálculo de la antigüedad y otros conceptos salariales-; y la diferenciación en el tratamiento salarial de las jerarquías”, agregó.
Según Lamberto “la propuesta apunta al proceso de recuperación del sueldo del empleado policial y de la seguridad pública, temas que fuimos abordando desde el inicio de la gestión”.
Además se presentó el pago de una suma fija por única vez de $1.200 correspondiente a febrero y que será abonada por planilla complementaria durante el mes de marzo, destacaron fuentes del gobierno santafesino.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
