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Tras rechazar la oferta salarial hecha por los representantes de municipios y comunas (20% en marzo y 11% en julio), revolvieron un cese de actividades por 48 horas, el miércoles y jueves de la semana próxima. Se suman a docentes, que paran lunes y martes.
Municipalidad de Arroyo Seco. Foto: Archivo AD
Fracasó la reunión llevada a cabo en la tarde de hoy en la ciudad de Santa Fe entre representantes de municipios y comunas de la provincia y los delegados de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales, por lo que la semana que viene habrá paro por 48 horas.
Los delegados de los trabajadores no aceptaron el ofrecimiento de aumento del 31% escalonado en dos tramos y anunciaron una medida de fuerza sin concurrencia a los lugares de trabajo para el miércoles 4 y jueves 5 de marzo.
“Lamentablemente no hubo un acuerdo, no hubo un cambio sustancial en la propuesta y, como advertimos, hoy era la fecha límite de negociaciones, por lo que el plenario de delegados definió un paro de 48 horas”, dijo Claudio Leoni, de la Festram.
Según varias fuentes, el ofrecimiento de los representantes de municipios y comunas pasó de un 30% a pagar en tres tramos, a un 31 por ciento de aumento a pagar en dos tramos: 20 por ciento en marzo (a cobrar en abril) y el 11% restante en julio (se cobra en agosto).
La medida de fuerza fue confirmada por voceros de varios municipios, aunque Leoni dejó abierta la posibilidad a evitar el paro si entre lunes y martes reciben una mejor propuesta de aumento.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
