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Las declaraciones de Cristina Fernández cayeron como un balde de agua fría en la Casa Gris, y sus funcionarios salieron a desmentir que la Empresa Provincial de la Energía hubiera inflado las tarifas en vez de subsidiar a los usuarios.
Foto: Imagen Ilustrativa
El gobierno de Santa Fe salió a desmentir las declaraciones de la ex presidente a Cristina Fernández de Kirchner, quien aseguró el domingo en una entrevista televisiva que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y la administración provincial “cargaban la tarifa y hacían caja”.
El primero en contestar fue el vicegobernador, Carlos Fascendini, quien postuló todo lo contrario a los dichos de la ex presidenta. “Lo que ha hecho la EPE es no perder capacidad de inversión. Santa Fe tiene 800 kilómetros de extensión, y en relación a los costos de inversión, no es lo mismo que hacerlo en la ciudad. (…) Por eso ha podido enfrentar todos los problemas que otras provincias, y sobre todo la Capital Federal enfrentan, que es la falta de inversión en su infraestructura”, afirmó.
Por su parte, la secretaria de Energía de la Provincia, Verónica Geese, aseguró que la EPE sí subsidiaba las tarifas. "Invito a que cada uno busque su factura de la luz del año pasado y verán que consta en el margen izquierdo el subsidio que la EPE trasladaba al precio de la tarifa, consta en el mismo recibo incluso hasta enero cuando este gobierno decidió quitar los subsidios", afirmó.
El domingo por la noche, la ex presidenta Cristina Fernández concedió una entrevista en C5N donde acusó a los gobiernos provinciales de Córdoba y Santa Fe de no subsidiar a los usuarios “sino cargar la tarifa y hacer caja”. Además, dijo que “muchas veces no le pagaban a Cammesa (generador), por eso muchas tenían deudas”.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
