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En la sesión de este martes, los concejales aprobaron un bloque de proyectos para transparentar las habilitaciones edilicias a la planta sospechosa y emitieron un repudio a la Provincia por no enviar representantes al debate ambiental.
La última sesión ordinaria del Concejo estuvo completamente abocada a las repercusiones de la audiencia pública del pasado jueves por los olores nauseabundos que sufre la ciudad. Los ediles unificaron criterios y aprobaron una serie de pedidos de informes clave ante la persistente contaminación del aire.
La concejal Milagros Serra denunció "oscuridad" en las habilitaciones otorgadas a la empresa para recibir materiales como caucho y criticó la firma del Decreto Municipal 682 a solo horas de la audiencia. "El municipio pareció defender a la empresa y la ciudad sigue siendo inconvivible", reclamó Serra.
En paralelo, el bloque de Damián Salinas, José Luis Murina y Julián Polinesi envió el acta de la audiencia al Ejecutivo, lo que activa el reloj de 10 días hábiles para que el Municipio responda formalmente. Los concejales aprobaron además un reclamo al Gobierno de la Provincia de Santa Fe por la ausencia de funcionarios del Ministerio de Ambiente en el debate y derivaron a comisión un proyecto que busca financiar, desde el propio Concejo, un estudio técnico ambiental totalmente independiente para contrastar los datos de contaminación.
A partir de un proyecto de los ediles Attoresi, Delorenzi y Serra, el Poder Legislativo convocó a las autoridades de la Comisaría 27 y del Comando Radioeléctrico. Buscan analizar los últimos robos y relevar las necesidades materiales de las dependencias.
La concejal Milagros Serra se hizo eco del desesperado reclamo de los vecinos de la zona de Lisandro de la Torre al 1200. Removieron la tierra para hacer cordón cuneta, abandonaron la obra y la lluvia sepultó la cuadra en el barro. "Ni a nosotros nos escuchan", lamentó la edil.
El cuerpo legislativo aprobó por unanimidad un pedido de informes presentado por el concejal José Luis Murina. Reclaman saber el paradero de las unidades destinadas al transporte escolar de los barrios periféricos, tras un año y medio de promesas incumplidas.
Los concejales Matías Attoresi y Gustavo Delorenzi presentaron un proyecto de ordenanza para actualizar una normativa del año 2012. La iniciativa busca flexibilizar la antigüedad exigida a los vehículos y modernizar los requisitos de equipamiento para revertir la escasez de este servicio esencial.
El proyecto de ordenanza, presentado por los concejales Polinesi, Murina y Salinas, busca que las grandes firmas con deudas impositivas puedan regularizar su situación mediante la creación de escuelas de oficios y formación laboral local.
