Este martes, personal de la Policía Federal allanó no solo la casa de un empleado municipal, que fue el que presuntamente firmó el acta de inspección durante la madrugada en la que se llevó a cabo la fiesta electrónica en el boliche Punta Stage que derivó luego en la muerte de dos jóvenes. Sino que además hubo, por lo menos, otros dos procedimientos del mismo carácter.
Vale decir entonces que la Policía Federal además de “visitar” el domicilio particular de este inspector, ubicado sobre la Rotonda De Giácomo del Barrio Güemes, también estuvo en la seccional 27 y nuevamente el edificio municipal.
En tanto y en cuanto, cabe mencionar que los procedimientos fueron solicitados por el fiscal federal Mario Gambacorta y ordenado por el titular del juzgado 3 de Rosario, Carlos Vera Barros.
Fuentes de la causa informaron los procedimientos del día de la fecha fueron realizados para “acumular la mayor cantidad de pruebas posible con el fin de tener los elementos para valorar posibles declaraciones indagatorias”.
Por otra parte y en todos los casos, el procedimiento tuvo como fin buscar documentación relacionada con la causa que investiga la posible facilitación del comercio para la venta de estupefacientes.
Con el apoyo de todos los bloques, se aprobó una resolución para mantener reuniones clave todos los jueves por la mañana. Advierten que si no se modifica la normativa antes de que venza la prórroga actual, se congelará el ingreso de nuevos loteos en la ciudad.
La iniciativa impulsada por Murina, Serra, Attoresi y Delorenzi busca que todos los expedientes de loteos y edificaciones complejas pasen directamente al Concejo en pleno, eliminando instancias previas que quitaban efectividad al sistema.
Mediante una minuta de comunicación aprobada por unanimidad, los ediles instan al Ejecutivo a buscar los tensores originales de la estructura. Aseguran que engancharlos ahorraría mucho dinero y tiempo, evitando el riesgo de un derrumbe inminente.