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Centro de Monitoreo. Foto: Archivo AD
Los datos son consecuentes a las declaraciones del intendente Nizar Esper que confirmó que en las cámaras de seguridad trabajan 9 operarios que gozan de un sueldo de bolsillo de “entre 13 mil y 15 mil pesos” más el salario del encargado Leonardo Difavia que corresponde a 29 mil pesos por mes porque cuenta con un adicional del 40% que le fue otorgado durante la gestión del ex intendente Darío Gres.
La municipalidad destina entonces a lo que es solo el funcionamiento del control del monitoreo, una suma aproximada de 1.900.000 pesos al año.
Franco Ruccia, Secretario de Gobierno Municipal, fue consultado por este medio para conocer en profundidad cómo viene trabajando monitoreo, cuánta gente a cargo requiere el servicio y cual es la erogación, al menos mensual, que representa para la municipalidad. Sin embargo, solo se consiguió como respuesta el típico maltrato que lo caracteriza. De todos modos, el intendente accedió sin problema alguno a brindar dicha información.
No obstante, y a pesar de que, hace algunos meses atrás Ruccia declaraba que el servicio de monitoreo era “efectivo”; no se conocen resultados concretos en los que las cámaras hayan brindado aportes sustanciales en los esclarecimientos de los casos delictivos. A la fecha y a un año de la asunción de este funcionario a cargo de una de las secretarías más complejas del gobierno; las cámaras y el monitoreo como herramienta de prevención no dan los frutos esperados o al menos los que la población exige.
Lo único positivo es que, en estos últimos meses, los equipos domos y fijos están funcionando en su mayoría. Están operativas 21 cámaras. Por lo que no hay excusas para que el monitoreo no opere como debería de hacerlo.
La suma antes citada – 1.900.000 pesos anuales – y vale esto remarcarlo, no contempla lo que se invierte en el mantenimiento de las cámaras.
La puesta en funcionamiento de un sistema de cámaras para controlar los principales accesos y egresos de la ciudad, monitorear los espacios públicos y que sean un ojo vigía para una ciudad en plena etapa de crecimiento; se desprendió de un proyecto de ordenanza que presentaban por entonces Gabriel Olivé y Nizar Esper concejales; durante el primer gobierno del hombre de Progresar, Darío Gres. Pese a que se consiguió poner en marcha, nunca estuvo a pleno porque para ello no solo se necesita que las cámaras anden sino un seguimiento eficiente de quienes están detrás de las pantallas. Sin lo primero, no funciona lo segundo y el interrogante sigue siendo ¿es útil y necesario este servicio o ese dinero se podría destinar en otro sentido?
