La reunión del sábado de referentes del radicalismo local junto al concejal Jorge Cuello en la sede del Arroyo Seco Athletic Club generó reacción inmediata por parte de la ciudadanía que denunció el hecho como una clara violación al aislamiento social. Y más aún, la polémica se centró en que dos de estas personas son funcionarios públicos y, por ende, deberían ser los primeros responsables en respetar la ley y en exigir que se la respete.
Pero también hubo respuestas desde la política. Desde la municipalidad, el Secretario de Gobierno de Nizar Esper anunció que el ejecutivo local, avanzó en la presentación de una denuncia penal contra Darío Gres, Julián Cardo, Daniel Tisone y Jorge Cuello, que ya fue presentada en Fiscalía de Rosario por incumplir con la cuarentena al considerar que, si bien los funcionarios públicos están exceptuados, las reuniones políticas no están permitidas.
Pero también se conoció un comunicado del Comité de la Unión Cívica Radical, con la firma de su presidente, Daniel Tonelli y la rúbrica de Pablo Moroni como secretario de la organización política, aclarando que dicha reunión “no tuvo el aval” del partido y exhortó a la “coherencia y respeto en los esfuerzos contra la pandemia” de quienes participaron del encuentro. La circulación del comunicado puso en evidencia la ruptura de la frágil unidad del radicalismo local que se intentó construir después de las elecciones y Julián Cardo, quien integraba el Comité Hipólito Irigoyen como vicepresidente, terminó por apartarse de la responsabilidad partidaria, cristalizando las diferencias internas con su correligionario Daniel Tonelli.
Desde el espacio de Progresar, que lo tiene como referente al ex Intendente Darío Gres, admitieron como un error “realizar el encuentro en la sede del club” pero sostienen que el mismo no tuvo “tintes partidarios” sino que se trató de una reunión para coordinar la entrega de bolsones como ayuda social. Además, cuestionaron el accionar de la Municipalidad como “una persecución política” y consideran que “no se violó la cuarentena”, dado que quienes participaron “son funcionarios públicos y políticos exceptuados del aislamiento que se reunieron para abordar un problema directamente relacionado con la pandemia”. Esto, por lo menos, fue lo que trataron de objetar.
Off the récord, referentes del espacio Progresar compararon dicho encuentro con los que se vienen desarrollando desde el estado local al convocar al Comité de Crisis y sostienen que es incorrecto circunscribir la denuncia penal por violar la cuarentena bajo el argumento de una reunión política. Incluso aportaron que, varias organizaciones locales, continúan reuniéndose en sus locales partidarios para distribuir ayuda social, situación que los habilita a pensar que desde la Municipalidad hubo una decisión en avanzar con esta denuncia penal particular y no con otras, porque Progresar es hoy el único espacio de confrontación política con el actual gobierno.