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En el día de hoy se concretó la reunión con Corporación de Tierras S.A. La convocatoria fue realizada por el Juez que entiende en la causa por la demanda por la Reserva Fiscal del loteo, a cago del Juzgado de Distrito Civil y Comercial de la 10a Nominación. De la misma participaron el Secretario Legal del Concejo, Gabriel Olivé, los concejales con excepción de Matías Attoresi quien no pudo asistir por un problema de salud, y el Asesor Legal de la Municipalidad Agustín Moscariello. Por parte de la firma asistieron el pastor Alberto Di Carlo, el Gerente Julio Borghesi, el contador Pablo Fondevila, junto a 4 abogados de la firma.
La reunión se desarrolló en los pasillos de tribunales, dado que no había espacio suficiente para mantener la distancia necesaria en el marco del protocolo contra la pandemia. El primer tema tratado fue lo observado en los planos presentados en el año 2018, que no coinciden con los aprobados en el año 2016, por lo que se supone una venta de terrenos cedidos como espacios verdes. El Juez exortó a las partes a salir del nuevo conflicto con una propuesta de solución en el caso de que se confirme la irregularidad, teniendo en cuenta que "no se puyede sacar a la gente que ya construyó en el lugar". Por tal motivo se decidió acelerar la visación de los planos con un nuevo agrimensor y avanzar en las negociaciones para determinar una nueva ubicación de los espacios verdes en caso de que se confirme la venta de esas parcelas por parte de la empresa.
En relación a la ordenanza aprobada por el Concejo, la firma Corporación de Tierras S.A, en la voz de sus representates legales, cuestionaron los términos de lo promulgado por la Municipalidad pero los funcionarios públicos se mantuvieron en la posición consensuada y plasmada en la norma. El Juez tomó consideración de las obras exigidas para avanzar con la escrituración y comprendió como indiscutible que la desarrolladora cumpla con la conclusión del tendido electrico y agua potable. La firma Corporación de Tierras S.A se comprometió a concluirlas pero solicitó extender el plazo a 180 días en cambio de los 120 días plasmado en la ordenanza, pedido que fue aceptado por los funcionarios públicos.
