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Miguel Ángel Coradini habría utilizado documentación oficial para un uso privado

Imagen de Miguel Ángel Coradini habría utilizado documentación oficial para un uso privado

En el marco de los reclamos que vienen impulsando los adquirientes de terreno del loteo de su propiedad, unos de los documentos presentados por los damnificados demuestra que el concejal hizo uso de una documentación oficial de la legislatura con un fin privado, sin autorización del cuerpo.

Durante el año 2015, los vecinos emprendieron a su cargo la obra de gas natural para que el desarrollo inmobiliario cuente con todas las obras exigidas por ordenanza y, de esta forma, avanzar con las presentaciones administrativas del loteo frente a la Municipalidad.

La empresa concesionaria, Litoral Gas, para la supervisión de la obra y futura conexión, exigía la presentación de los planos del loteo, algo que hasta el día de hoy no fue presentado oficialmente. El concejal emitió una constancia a los compradores para presentar a Litoral Gas, que fue redactada en una hoja membretada del Concejo Municipal y con la firma de él como Presidente del Concejo, sin que ese trámite pase por los canales oficiales de la legislatura.

En la misma, se extiende una constancia de propiedad del terreno que certifica como Presidente del Concejo  y  que  adjunta junto a  un plano que nunca obtuvo la aprobación de la Municipalidad. Este hecho es considerado como una falta grave del concejal, quien haciendo uso de su función, podría haber incurrido en la comisión de un delito contra la Administración Pública, denuncia que podría avanzar en una presentación penal.

El hecho configura una gravedad institucional tal, que si la denuncia avanza en el fuero penal, podría derivar en una sanción de suspensión administrativa si se decide políticamente desde el Concejo avanzar con un sumario para investigar el caso.

Además de la responsabilidad individual del concejal por utilizar una documentación oficial para beneficio  privado, por estas horas se analiza si se incurrió en un posible “encubrimiento pasivo” de las autoridades públicas, ya que los funcionarios no podían desconocer las irregularidades del desarrollo inmobiliario.

También se analiza si no hubo una omisión del concejal en las presentaciones de sus Declaraciones Juradas, ya que no cumplió con lo establecido por la normativa vigente, que regula la Ética en el ejercicio de la función pública, al no incluir el emprendimiento inmobiliario en sus presentaciones anuales.

La documentación pone de manifiesto una desprolijidad más en las actuaciones administrativas del desarrollo inmobiliario y deja en evidencia la trama de complicidades políticas para que este procedimiento pueda realizarse impunemente.

Hasta el momento ningún concejal emitió opinión sobre la denuncia, que configura un hecho de gravedad que deteriora la institucionalidad del Concejo. 

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