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Al conocerse la información de que tanto el Secretario de Cultura y Presidente del Samco, Franco De Cristófano, como el abogado del Área de la Mujer, Martín Livolti, recibieron la vacuna Spunik como funcionarios con riesgo de contagio; los concejales Matías Attoresi y Jorge Cuello analizarán la semana entrante la posibilidad de solicitar un pedido de informes al Ejecutivo para conocer la respuesta oficial del Gobierno de Nizar Esper sobre esta decisión que generó rechazo y repudio en la ciudadanía y en un sector de la política local.
Por su parte Matías Attoresi manifestó que la decisión de avanzar con la vacunación al personal político “responde a una cuestión ética más que legal” pero “lo más prudente es solicitar una respuesta oficial al Intendente Nizar Esper para luego tomar una posición de lo sucedido ya que como cuerpo legislativo no podemos manejarnos con la información que brinda la prensa”.
En este mismo sentido se manifestó Jorge Cuello, quien adelantó su intención de impulsar la semana entrante la redacción de un pedido de informes para conocer los motivos por los cuales se consideró prioritario vacunar a ambos funcionarios políticos siendo que no todo el personal de salud ha recibido la vacuna contra el Covid-19.
Quien sí expresó su posición fue el concejal Luciano Crosio quien consideró pertinente la vacunación al personal político con alto riesgo de contagio: “tengo entendido que vacunaron al personal de salud y a la gente del galpón con contacto estrecho con positivos o casos sospechosos. Franco acompaña a Silvestre Mendoza a realizar hisopados, por lo cual me parece bien que lo hayan vacunado. Y en relación a Martín Livolti tengo entendido que realiza traslado de personas positivas o sospechosas y me parece atinado que esté vacunado. Ese trabajo, por equis motivo, no lo está realizando personal de salud y lo hacen dos personas vinculadas al gabinete, y me parece importante que se los vacunen” concluyó.
Vecinos del barrio Puerto volvieron a detectar un excesivo polvillo proveniente de las grandes empresas cerealeras con las que limitan, como lo son ADM y Dreyfus. Enojados, amenazaron con tomar medidas por su cuenta, ya que no encuentran respuestas del poder político: "El primer reclamo a ADM y Dreyfus fue en el año 2012, y todavía seguimos. El poder político solo sirvió para las fotos, no para otra cosa. Ya le mandamos a las empresas, es muy sencillo, se ve que no se dieron cuenta que los vecinos del barrio Puerto nos hartamos, y ya avisamos, como cortamos el ingreso al barrio Puerto no tenemos ningún inconveniente en cortarles el ingreso a planta". Además, pegaron contra la gestión municipal actual: "Se piensan que van a cuidar el ambiente poniendo tapitas en una botellita o separando el residuo cuando el 70% de la contaminación vienen de estas grandes empresas".
