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Corría la primera semana del mes de octubre y la municipalidad decidía avanzar en la suspensión preventiva de un empleado del Tribunal de Faltas. Al igual que en el caso del inspector, dicha suspensión es por plazo de ley y se extiende por 90 días hábiles sin percibir sueldo.
Todo comenzó a través de una nota que ingresó por mesa de entrada la Jueza Municipal de Faltas Dra. Julia Acosta comunicando que un empleado bajo su órbita había entregado una moto secuestrada sin su permiso, sin pagar multas ni realizar todos los trámites correspondientes.
Lo curioso del caso es que cuando el empleado fue descubierto, la moto en cuestión regresó al predio de Tránsito y a raíz del hecho se inició una investigación interna que implicaría al menos a dos motos más con modalidad similar y aportes de cámaras de seguridad que podrían complicar la situación del sospechoso.
En tanto, el jueves de esta semana, la Dra. Acosta confirmó que recientemente “se ampliaron algunas cuestiones que nosotros habíamos mencionado como posibles y pude aportar más detalles en cuanto a unos vehículos que no nos coincidían datos o nos faltaba documentación en los archivos, así que pude aportar más datos”.
Por su parte, el secretario de gobierno Adrián Spina, dio cuenta de que este empleado “está bastante complicado” ante las imputaciones en su contra. No obstante, fue precavido e indicó que se esperarán los correspondientes avances en la investigación.
