Tamara Díaz, la madre que denunció al concejal Miguel Ángel Coradini, dio cuenta de que ya están preparadas las planillas para que los vecinos de la ciudad puedan dejar sus firmas a fin de sumarlo a un petitorio para que las autoridades políticas de Arroyo Seco, arbitren todas las herramientas necesarias para evitar que el edil retome su tarea legislativa mientras continúe el proceso judicial en su contra.
Aquellos interesados en participar dejando su firma, pueden acercarse al Hipólito Yrigoyen 243.
En cuanto al texto que acompaña al documento, se puede leer a continuación:
Petitorio a las autoridades políticas de la ciudad de Arroyo Seco
Las y los abajo firmantes solicitamos formalmente a las autoridades políticas de la ciudad de Arroyo Seco que se arbitre todas las herramientas necesarias para evitar que el concejal Miguel Ángel Coradini retome su tarea legislativa mientras continúe el proceso judicial en su contra.
Nos encontramos frente a un legislador acusado de un abuso sexual simple a una menor de edad. Como ciudadanas y ciudadanos es imposible dejar pasar este hecho por alto, porque si bien no se relaciona con su banca como legislador, sí se relación con sus convicciones, con su percepción de la realidad y su posición de poder frente a las mujeres.
El concejal, como representante del poder legislativo, en su accionar claramente ha vulnerado derechos consagrados internacionalmente. Es intolerable para toda la comunidad encontrarnos con que, un legislador que violó tratados internacionales, con el terrible agravante de estar acusado de la comisión de un delito contra la integridad sexual, hoy pretenda representarnos y decida sobre nuestro destino democrático.
Además, el mismo concejal no cumplió con la capacitación obligatoria de la Ley Micaela, por lo que le cabe una sanción disciplinaria que está contemplada en el texto de la norma, y que no fue contemplada por el cuerpo legislativo.
La aplicación de la perspectiva de género no se agota en un discurso teórico de la misma sino también en su aplicación práctica y cotidiana en todas las esferas de poder, incluyendo a nuestros representantes.
Dicho esto, consideramos que el Estado en su conjunto es responsable por la comisión de violencia que sea ejercida por acción u omisión, con lo cual consideramos que es de vital importancia que el mismo Estado es el que tome las medidas pertinentes para el apartamiento preventivo de Miguel Ángel Coradini, ya que su regreso a la función pública atenta contra la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Además, no es un detalle menor, que la víctima vive a menos de 100 metros de la legislatura local, con lo cual agrava aún más la vulneración de derechos hacia la infante.
Siendo evidente e inmoral el accionar de Miguel Ángel Coradini, es que reclamamos como ciudadanas y ciudadanos a requerir a las autoridades que se instrumenten todas las herramientas y mecanismos mencionados para el apartamiento preventivo de su cargo.
Por último solicitamos que se cree una comisión de trabajo entre el Ejecutivo y el Concejo Municipal, con la participación del área de asesoría jurídica de ambos poderes, organizaciones y comunidad en general para abordar estos temas en profundidad, con la seriedad y el compromiso que merece todo problema social que nos atraviesa como sociedad.