Profesionales, familiares y personas con discapacidad salieron esta mañana en Figuiera a hacer ruido, a visibilizar cuál es la situación que atraviesan las instituciones que atienden y acompañan a aquellos con capacidades diferentes.
Profesionales, familiares y personas con discapacidad salieron esta mañana en Figuiera a hacer ruido, a visibilizar cuál es la situación que atraviesan las instituciones que atienden y acompañan a aquellos con capacidades diferentes.Para entender mejor esta realidad, una de las profesionales que trabaja en un centro de día de la localidad explicó que el nomenclador de discapacidad que regula los aranceles no se modificó desde noviembre del año pasado. Siendo que los mismos, aumentaron de manera irrisoria en comparación con la inflación. Al respecto agregó que en lo que va del 2025 no hubo todavía ningún aumento y existen demoras en Obras Sociales, autorizaciones, en la entrega de Certificados de Discapacidad y eso repercute no sólo en las prestaciones sino también en el grupo familiar.
La mamá de Maxi, un concurrente del centro de día, es ex directora de discapacidad de la provincia de Santa Fe y habló de lo preocupante que es no poder sostener más la situación diariamente porque al no tener respuesta de las Obras Sociales, no tienen dinero para pagar a los terapeutas, al transporte, la medicación, la internación domiciliaria. Todo el sistema se burocratizó demasiado y por ejemplo, al no tener certificado de discapacidad, las familias quedan desamparadas y los chicos sin prestaciones.
A poco más de dos años de su inauguración con presencia provincial, los 3,3 kilómetros de la calle Juan de Garay lucen hoy una imagen de desidia. Pastizales altos y mobiliario destruido marcan el paisaje de una obra que costó más de 1.200 millones de pesos.
En audiencia imputativa del 4 de enero de 2026, realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la Fiscalía le atribuyó al identificado como A.P el delito de lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y resistencia a la autoridad ambos en concurso real y en calidad de autor y amenazas calificadas por el uso de arma.