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Los gremios docentes y nodocentes irán a la huelga el jueves de la semana próxima. En tanto, si se confirma el veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario, se realizará una movilización federal frente al Congreso el 2 de octubre
Las marchas de abril pasado fueron multitudinarias en Rosario y Buenos Aires. (Alan Monzón/Rosario3)
Los gremios de trabajadores universitarios ya definieron una nueva fecha de paro nacional en reclamo de la mayor presupuesto para el sector y en contra del posible veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento aprobada por el Congreso nacional.
El sector nodocente agrupado en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) y sindicatos docentes nacionales ya convocaron a una huelga nacional para el jueves 26 de septiembre.
Todavía la fecha no fue confirmada por la Coad en Rosario aunque sí el paro fue anunciado por el gremio nodocente Apur que agrupa al personal de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y está dentro de la Fatun.
La marcha
El sector universitario además anticipó la fecha en la que se podría realizar la marcha nacional en caso de que Milei finalmente cumpla con su decisión de vetar la ley que otorga más presupuesto para las universidades.
Federaciones de docentes, nodocentes, estudiantes y rectores de universidades encabezarían una nueva movilización el 2 de octubre, aunque la confirmación dependerá de las acciones que tome el jefe de Estado.
La ley nacional y el posible veto
El Senado nacional aprobó la semana pasada el proyecto de aumento presupuestario a las universidades nacionales, que ya contaba con media sanción de Diputados.
La propuesta opositora incrementa los recursos para las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento, e incluye un incremento para los docentes y no docentes.
El proyecto no contaba con el aval del oficialismo, que argumentó que ese incremento pone en riesgo el objetivo de alcanzar el "superávit fiscal".
El presidente Javier Milei adelantó que vetará la norma al igual que lo hizo con la que proponía un aumento a los jubilados.
De concretarse el veto presidencial, las casas de altos estudios se quedarían sin los $738.595 millones en materia presupuestaria que prevé la norma sancionada por el Congreso.
Son líneas diseñadas para cubrir gastos imprevistos, realizar compras significativas o simplemente contar con un respaldo económico
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