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Se han cumplido dos años desde que el Gobierno nacional, mediante el DNU 70/23, derogara la Ley de Alquileres que regía desde 2020. El escenario actual muestra una realidad de dos caras: por un lado, una recuperación histórica de la oferta de departamentos, y por el otro, una relación desigual entre propietarios e inquilinos que buscan desesperadamente un punto de equilibrio.
Uno de los efectos más inmediatos de la desregulación fue la salida de miles de propiedades de la venta o del mercado de alquiler temporal (tipo Airbnb) para volver al alquiler tradicional. Según cámaras inmobiliarias locales, la oferta de departamentos en Rosario se triplicó en los últimos 24 meses.
"Pasamos de tener lista de espera para ver un monoambiente a tener varias opciones por zona. El problema hoy no es encontrar, sino poder pagar", explican referentes del sector.
Bajo la normativa vigente (Código Civil y Comercial, liberado a la autonomía de las partes), las reglas de juego han cambiado drásticamente:
Plazos de contrato: Ya no rige el mínimo de tres años. La mayoría de los nuevos acuerdos se cierran por 2 años, aunque legalmente pueden ser incluso menores si hay acuerdo mutuo.
Actualizaciones frecuentes: Ante la falta de un índice oficial obligatorio (como el antiguo ICL), los contratos hoy se ajustan trimestral o cuatrimestralmente.
Ìndices de ajuste: Predominan el IPC (Inflación) o el UVA, lo que genera que los montos escalen a gran velocidad, a veces por encima de los salarios.
Las organizaciones que nuclean a los inquilinos insisten en que la "libertad de negociación" es ficticia, dado que existe una asimetría de poder. Reclaman un marco de previsibilidad que impida abusos en las renovaciones y establezca topes a los depósitos y comisiones.
Por su parte, los corredores inmobiliarios defienden el modelo actual argumentando que la competencia entre propietarios ha comenzado a "moderar" los precios iniciales de publicación, aunque admiten que el gran desafío para 2026 sigue siendo la estabilidad macroeconómica para que los ajustes no expulsen a los inquilinos de sus hogares.
El Gobierno provincial lamentó la medida de fuerza de los gremios y convocó a las familias a estar presentes en las escuelas que abran sus puertas. El ministro Goity defendió la oferta salarial y aseguró que el objetivo es "garantizar el derecho a la educación".
El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Los representantes santafesinos mantuvieron posturas divididas: la UCR acompañó la iniciativa oficialista, mientras que el peronismo rechazó el proyecto calificándolo de "aberración".
La gestión de Maximiliano Pullaro ratificó que la medida de fuerza anunciada por los gremios docentes para este lunes tendrá impacto en los salarios. "Día no trabajado, día que no se paga", sostuvieron desde el Ejecutivo.
Con el gobernador Maximiliano Pullaro como anfitrión, la Unión Cívica Radical (UCR) busca consolidar un frente de gestión territorial y marcar una agenda propia frente al Gobierno Nacional. "Gobernar bien nuestras provincias es la mejor forma de fortalecer el partido", es la premisa del encuentro.
