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El "Plan de Protección del Salario" (o de Protección de los Ingresos), la nueva herramienta financiera lanzada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe para aliviar la asfixia crediticia de las familias, tuvo un debut masivo. Apenas a una semana de su puesta en marcha, 10.138 trabajadores públicos y privados ya completaron el formulario de adhesión para refinanciar sus deudas con tasas reducidas y plazos de hasta 60 cuotas.
El objetivo central de la medida impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro es reducir la presión de los descuentos automáticos sobre los haberes mensuales. En el caso específico de los empleados estatales, el esquema garantiza un tope estricto: las deducciones no podrán superar el 25% de sus ingresos netos.
El desglose de los beneficiarios
De acuerdo a las estadísticas oficiales del Ministerio de Economía, las solicitudes se dividen de la siguiente manera:
Sector Público (8.062 solicitudes): Compuesto por 6.888 empleados activos y 1.174 pasivos (jubilados y pensionados).
Sector Privado (2.076 solicitudes): Integrado por 1.826 trabajadores en relación de dependencia y 250 trabajadores autónomos.
"En un contexto macroeconómico complejo, y como Gobierno que piensa en quienes todos los días se levantan a trabajar, lanzamos estas medidas de alivio para ayudar a las familias santafesinas”, sostuvo el ministro de Economía, Pablo Olivares.
Cuotas hasta un 66% más bajas y seguridad ante estafas
El funcionario provincial destacó que el acompañamiento del Estado es clave en la negociación con los bancos y mutuales, y arrojó un dato fundamental: la nueva cuota mensual consolidada puede llegar a reducirse hasta un 66% respecto de lo que el trabajador venía pagando de forma dispersa. El plan contempla deudas contraídas hasta el 30 de abril de 2026.
Respecto a los plazos, Olivares explicó que “la reestructuración de las deudas se realizará durante mayo, mientras que las operatorias comenzarán a concretarse en los recibos de junio”. Además, para llevar tranquilidad y blindar el sistema contra fraudes, el esquema exige un "libre deuda" emitido por los acreedores originales.
“El inicio del trámite se realiza de forma online mediante la ID Ciudadana, pero luego se coordina una instancia presencial, principalmente para evitar posibles estafas. La operación concluye con una validación cara a cara”, advirtió el ministro.
