La situación del módulo de detención transitorio de la Comisaría 27ª de Arroyo Seco vuelve a encender las alarmas. Al cierre de esta edición, son 42 las personas alojadas en un espacio cuya capacidad original fue diseñada para 12 detenidos.
Todos los internos actualmente se encuentran vinculados a causas por delitos sexuales y permanecen en una dependencia que, desde su habilitación durante la gestión del exministro de Seguridad Raúl Lamberto y el entonces intendente Darío Gres, fue concebida como un espacio transitorio.
Sin embargo, lo transitorio se volvió permanente.
Una promesa de campaña que no se cumplió
El tema no es nuevo. Desde mucho antes de asumir como intendente, cuando aún era concejal y candidato, Daniel Tonelli había instalado la problemática de los detenidos en la Comisaría 27 como uno de los ejes centrales de su campaña, prometiendo “recuperar recursos” y poner fin a la utilización de la seccional como lugar de alojamiento prolongado.
Durante los últimos años, y particularmente en el período previo a las elecciones generales de junio pasado, el Ejecutivo local anunció con énfasis el traslado de mujeres detenidas que se encontraban en el módulo. Incluso se montó un operativo con presencia del ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, que fue presentado como una solución concreta.
Pero la medida tuvo una duración efímera: apenas 24 horas después comenzaron a ingresar nuevos detenidos. Esta vez, hombres.
Desde entonces, el número fue en aumento.
Martini, la voz oficial sobre el tema
A lo largo de este proceso, la secretaria de Gobierno, Celina Martini, fue una de las caras más visibles al momento de responder consultas sobre la situación. Bajo su órbita se encuentra la coordinación de Seguridad, a cargo de Carlos Márquez, y en reiteradas ocasiones fue ella quien explicó que el mantenimiento de detenidos en Arroyo Seco respondía a reestructuraciones y ampliaciones del sistema penitenciario provincial.
En abril de 2025, Martini participó de reuniones con autoridades del Ministerio de Seguridad provincial donde —según se indicó entonces— se trabajaba en la reubicación definitiva de las personas privadas de libertad alojadas en la ciudad.
Lo cierto es que, más allá de los anuncios, la realidad actual muestra un número récord: 42 detenidos en un módulo habilitado para 12.
La sobrepoblación no solo implica una cuestión de condiciones de alojamiento, sino que impacta directamente en el funcionamiento operativo de la Comisaría 27. Personal policial debe destinarse a tareas de custodia, traslados a tribunales, asistencia hospitalaria y guardias permanentes, reduciendo recursos para tareas preventivas en la vía pública.
Han pasado las gestiones de Darío Gres y Niza Esper, y ya transita la de Tonelli. Sin embargo, el módulo transitorio continúa funcionando como un pequeño penal dentro de la ciudad.
La promesa de “desterrar” los detenidos de Arroyo Seco, eje discursivo en tiempos de campaña, hoy contrasta con una realidad que no solo no se resolvió, sino que se agravó.
Mientras tanto, la Comisaría 27 sigue sosteniendo una estructura que fue pensada para lo excepcional y que terminó convirtiéndose en regla.
La vicepresidenta comunal, Natalia Giovacchini, pisa fuerte y toma cada vez más trascendencia en la localidad, no solamente en distintos encuentros sino también en proyectos y gestiones conjuntas sumamente importantes: "El futuro político siempre es una consecuencia del trabajo que se hace en el presente", afirmó, y destacó su labor al lado de Esteban Ferri, quien confió en ella: "Él confía plenamente en mi capacidad de gestión y yo valoro su experiencia y su generosidad política", expresó.
La secretaría de Cultura, Deporte y Educación del gobierno de Tonelli no ofreció nada más que un número clown, que se repitió dos días en el anfiteatro y en la plaza San Martín, pensando en las vacaciones de invierno. La escueta gestión y medida obligó a los niños y familias de la ciudad a "escapar" hacia otras localidades donde, por ejemplo, ofrecieron alternativas durante una semana completa.
El área del Estado local informó cuáles son las principales problemáticas que vienen detectando en su comunidad, sobre todo después del cierre de sectores y empresas de la región. La búsqueda laboral, y el pago de servicios como gas y luz son los principales problemas que acogen a los vecinos.
El veterinario Federico Palmieri, que venía desempeñándose dentro de esta área dependiente de la secretaría de Salud y Desarrollo Social, trabaja desde hace un mes sin contrato y ad honorem. El profesional rescindió su vínculo con el Estado y hasta que se encuentre un nuevo veterinario que ocupe el cargo, sigue prestando servicios: "Yo no represento un gasto para la municipalidad, sino que es lo contrario, porque estoy poniendo medicación y muchas otras cosas de mi propio bolsillo", contó.