El Tribunal Oral Criminal 1 de Morón dio a conocer su resolución sobre la situación del sacerdote, condenado en triple instancia a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores.
Buenos Aires.-El Tribunal Oral 1 de Morón ordenó este lunes la "inmediata detención" del padre Julio César Grassi, quien deberá cumplir su condena a 15 años de prisión por abuso sexual en la Unidad Carcelaria 39 de Ituzaingó.
"Era lo que esperábamos, este sujeto es absolutamente peligroso", aseguró el abogado querellante Juan Pablo Gallego tras escuchar la resolución de los jueces Mariana Maldonado, Claudio Chaminade y Pablo Lucero.
Los magistrados aclararon que la detención de Grassi se cumplirá en el penal de Ituzaingó, teniendo en cuenta que por su condición de clérigo, debe permanecer dentro de su diócesis, en este caso, la de Morón.
El fiscal Alejandro Varela había solicitado por la tarde una medida de coerción para "asegurar los fines del proceso" en la causa contra el sacerdote. La presunción de inocencia "no es incompatible con el encarcelamiento procesal", argumentó, por lo que había insistido en la "inmediata detención" del sacerdote condenado.
La fiscal Noelia Navone habló en la escena atroz junto al río, donde todo indica que se produjo un femicidio seguido de suicidio. Los dos cuerpos fueron encontrados dentro de un auto prendido fuego: “Estaban calcinados”, describió la funcionaria judicial
El acusado, de 30 años, habría golpeado, amenazado y privado de la libertad a su pareja durante un violento episodio ocurrido el 23 de agosto. La Justicia dispuso su prisión preventiva hasta el 2 de octubre.
Fue este miércoles, en la ciudad del centro de la provincia de Santa Fe. Aunque falta confirmación oficial, en principio falleció por asfixia. Testimonios de maltratos contra el pequeño abonan la hipótesis fiscal inicial
Daniel Alejandro Rosatelli, integrante de la Policía entrerriana, quedó detenido este miércoles en el marco de una investigación por narcotráfico. La camioneta utilizada para transportar el cargamento habría sido provista por el funcionario. La Justicia busca determinar qué grado de participación tuvo y qué sabía sobre el uso del vehículo
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