Nueva condena a cuatro policías por encubrir el crimen de Pocho Lepratti

Rosario.- Un día después de que Claudio "Pocho" Lepratti cayera muerto de un disparo policial durante la trágica represión de diciembre de 2001, un parte policial lo acusó de resistirse a la autoridad y causar daños a un patrullero. Que el militante socila estuviera muerto no impidió que en un juzgado Correccional se abriera un expediente con su nombre como imputado en la carátula. Sin embargo, trece años después ese grosero montaje para encubrir el asesinato más emblemático del denominado Diciembre Negro santafesino arribó a una condena judicial. Cuatro policías fueron sentenciados a 2 años y 8 meses de prisión condicional por montar la escena de un enfrentamiento en pos de favorecer al colega que lo mató.

Esta es la segunda vez que la Justicia santafesina aplica condena a los efectivos, que entonces trabajaban en la subcomisaría 20ª, por encubrir el crimen de Lepratti. En agosto de 2009 les había aplicado la misma pena el juez de Sentencia Julio César García. Pero meses más tarde tres magistrados superiores de la Cámara Penal —con votos de Ramón Ríos, Carina Luratti y Juvencio Mestres— los absolvieron al entender que no había pruebas suficientes. La discusión llegó a la Corte Suprema de Justicia provincial, que el año pasado anuló por "arbitrario" el fallo que favoreció a los uniformados y ordenó un nuevo dictamen.

Esa segunda sentencia es la que acaba de emitir la Sala III de la Cámara Penal, con un análisis del juez Otto Crippa García al que adhirieron sus pares Guillermo Llaudet Maza y Georgina Depetris. Por falsear el acta sobre la muerte de Lepratti, desacreditar a los testigos y balear el patrullero para simular un ataque previo fueron sentenciados el ex jefe de la subcomisaría 20ª y dos policías que iban en la misma patrulla con Esteban Velázquez, el policía que efectuó el disparo letal y que fue condenado a 14 años de cárcel, una pena que ya cumplió. Además de los 2 años y 8 meses de prisión condicional (es decir que cumplirán en libertad) tienen inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

No alcanza. Un caso no es un mundo: el fallo admite el encubrimiento policial en la más sonada de las siete muertes de diciembre de 2001 en la provincia, pero no alcanza a saldar la deuda histórica de la Justicia santafesina con el esclarecimiento de los casos y la cadena de ocultamiento que los rodeó. De esos violentos días previos a la caída de Fernando de la Rúa como presidente de la Nación aún se desconoce quién impartió las órdenes que habilitaron a la policía a reprimir con balas de plomo a los manifestantes desarmados.

Si no hubo orden, tampoco se investigó por qué nadie frenó las muertes, que escalaron entre la tarde del jueves 19, con el crimen de Juan Delgado en Necochea entre Cochabamba y Pasco, y siguieron hasta el 21, cuando un francotirador policial apostado a distancia disparó a la cabeza del adolescente Walter Campos en una entrega de cajas de aseistencia social con mercaderías.

En el medio hubo innumerables casos de heridos por balas policiales que no fueron documentados o informados a la Justicia, alteración de las escenas de los hechos, testigos aportados por la propia fuerza de seguridad y desobediencia a las órdenes del juez de Instrucción, entre una serie de irregularidades largas veces denunciadas por la Comisión Investigadora No Gubernamental de aquellos hechos de diciembre.

Si bien hubo citaciones a policías de mayor jerarquía, las únicas condenas —por el crimen de Lepratti y el de Graciela Acosta— se cortaron en rangos medios del organigrama policial. Quien era jefe de la División Judiciales en 2001 y luego fue titular de la Jefatura rosarina, José Maldonado, fue sobreseído tres años más tarde junto a dos subordinados. En cuanto a los responsabilidades políticas la Justicia tampoco avanzó —más allá de tímidos y frustrados intentos— en averiguar bajó que órdenes se movió la fuerza. El ministro de Gobierno en esa época, Lorenzo Domínguez, (quien admitió que la policía no seguía sus directivas) y el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez, fueron sobreseídos por el juez Correccional santafesino Roberto Oscar Reyes. El mismo magistrado que en octubre de 2005 fue beneficiado con un polémico ascenso a camarista penal de Santa Fe. El entonces gobernador Carlos Reutemann no fue siquiera llamado a declarar mientras que a nivel nacional, el ex presidente De la Rúa sí fue llamado a indagatoria y luego sobreseído.

Pibes comiendo. Trece años después, el crimen de Lepratti se volvió un emblema de organizaciones sociales que llevan su nombre. El militante cristiano de 38 años vivía en barrio Ludueña, donde organizaba talleres y daba clases de teología en la parroquia del padre Montaldo. Además, trabajaba en el comedor de la escuela José Serrano, en el barrio Las Flores. Allí estaba cuando se desató la convulsión social del 19 de diciembre de 2001 que puso fin a la convertibilidad y al gobierno de la Alianza.

Pocho subió al techo con otros trabajadores de la escuela para ver qué pasaba. Un patrullero del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco pasó frente a la escuela por una calle paralela a la avenida de Circunvalación, a la altura de España. "Dejen de tirar hijos de puta. Acá hay chicos comiendo", les gritó, como inmortalizó la canción de León Gieco. Entonces dos efectivos bajaron del vehículo oficical y sin mediar palabras respondieron con plomo. Uno de ellos, Esteban Velázquez, hirió de muerte a Lepratti en el cuello según demostrarían más tarde las pericias.

Yo no fui. Una cocinera de la escuela que fue testigo del crimen fue una de las voces clave en la causa. Contó que cuando llevaban a Pocho al hospital Roque Sáenz Peña en un auto se topó con el oficial Velázquez en la puerta de la subcomisaría 20ª, en San Martín y Batlle y Ordóñez, donde se bajó a pedir que la ayudaran a despejar el tránsito para poder arribar más rápido al centro asistencial. "Yo no lo maté nena, se lastimó con un vidrio", le dijo socarronamente Velázquez en la puerta de la seccional.

Los condenados por el encubrimiento son el entonces jefe de la sub 20ª, comisario Roberto de la Torre; el jefe de la patrulla en la que iba Velázquez, Rubén Darío Pérez (quien también disparó contra el militante social aunque no alcanzó a herir a Lepratti) y el chofer de la unidad, Marcelo Fabián Arrúa. Estos últimos firmaron el acta sobre el crimen. El cuarto es Carlos Alberto De Souza, condenado por insertar datos falsos en el libro memorándum de la subcomisaría. Un quinto policía condenado en el primer fallo, el ex titular del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco, Daniel Horacio Braza, falleció durante el trámite y por eso ahora fue sobreseído.

La causa por el encubrimiento consideró probado que en la seccional se adulteraron un acta y el libro de guardia para endilgarle a Lepratti una falsa resistencia. También allí le efectuaron dos disparos al patrullero para justificar la reacción de Velázquez. A raíz del parte policial que lo acusó post mortem, en el juzgado Correccional Nº 2 se abrió la causa con Lepratti como imputado. El juez Juan José Alarcón ordenó después su remisión al archivo porque el imputado estaba muerto. Pero se conservó una copia porque allí se mencionaba a otras personas como cómplices de la falsa resistencia.

La sentencia que ahora sanciona el encubrimiento tiene su raíz en aquella carátula: "Lepratti, Claudio Hugo (óbito) por resistencia a la autoridad y daño".

Cumpleaños y carnaval

El fallo que condenó a los cuatro policías por encubrir el asesinato de Claudio Pocho Lepratti se conoció el mismo día en que el militante social cristiano hubiese cumplido 49 años. En su memoria, cada año se hace en la plaza de Vélez Sarsfield y Larrea que lleva su nombre el “Carnaval de Pocho”. Ayer, tras una serie de talleres culturales y actuaciones musicales, concluyó la 14ª edición en un clima de alegría por la sentencia judicial conocida.