“No me importa, yo pago este homicidio pero ella se muere”

El sindicado líder de la banda desbaratada por el contrabando de mil kilos de cocaína a Europa en 2012 y por un millonario lavado de activos, el abogado Carlos Salvatore, aseguró que iba a matar a la jueza federal chaqueña a cargo de ambas causas, Zunilda Niremperger, por lo que ayer por la tarde se allanó su departamento en el barrio porteño de Belgrano. Fuentes judiciales informaron que el operativo fue ordenado por el juez federal Ariel Lijo, quien además dispuso que se reforzara la custodia de la magistrada bajo cuyas órdenes se hizo el operativo Carbón Blanco, que tiene tras las rejas al ex dirigente deportivo de Arroyo Seco Patricio Gorosito.

El dato de que Salvatore (de 57 años) aseguraba que mataría a Niremperger surgió de una escucha telefónica que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le realizaba ayer al imputado, quien cumple arresto domiciliario por supuestos problemas de salud.

“Yo los voy a sacar, después la mato a ella, pero primero los saco a ustedes (…), no me importa, no me importa, yo pago este homicidio, lo pago este homicidio, pero ella se muere”, dijo Salvatore en una conversación con su esposa, Silvia Valles, detenida el martes pasado en el marco de 39 allanamientos en Capital Federal y tres provincias (incluida Santa Fe) por el caso que investiga lavado de dinero, informó un vocero judicial.

A raíz de esta amenaza, la Unidad Operacional Antiterrorista de la PSA realizó una denuncia ante Lijo, que estaba de turno, y por pedido del fiscal Diego Iglesias ayer por la tarde dispuso el allanamiento de la casa de Salvatore, ubicada en Melián al 2100 de Belgrano. En el operativo, efectivos de la PFA secuestraron “seis teléfonos celulares que serán sometidos a los peritajes de rigor, 60.000 dólares y 12.000 euros”, dijeron los voceros consultados.

En la denuncia se explicó que se efectuaba la escucha por orden de la jueza Niremperger y, de una de ellas, surgieron “distintos elementos vinculados con la detención y la situación procesal de Valles, y el malestar generado en el entorno por los procedimientos ordenados en la causa”.

En un momento determinado, Salvatore le dice a su mujer que iba a matar a la jueza, por lo que los efectivos de la PSA efectuaron la denuncia en forma urgente, teniendo en cuenta la gravedad de las amenazas. Además, se tuvo en cuenta la magnitud de la organización presuntamente integrada por Salvatore y sus familiares, los medios económicos con los que cuenta y las distintas maniobras delictivas comprobadas hasta el momento. Paralelamente al operativo, ante la posibilidad de que se concretaran las amenazas, Lijo dispuso que con carácter urgente se reforzara la custodia con que cuenta la jueza.

Salvatore, así como los empresarios Patricio Gorosito y Juan Carlos Pérez Parga y los comerciantes Rubén Esquivel y Héctor Roberto, están a punto de ser sometidos a juicio oral en Chaco por el envío en 2012 de mil kilos de cocaína a Portugal, finalmente secuestrados cerca de Lisboa y en el puerto de Buenos Aires. La droga, oculta en bolsas de carbón, formaba parte de embarques pertenecientes a la firma Carbón Vegetal del Litoral SRL, con asiento en Quitilipi (Chaco), e inspeccionados en la aduana de Barranqueras, en la misma provincia.

A partir de esa causa, el fiscal Carlos Gonella, de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), empezó a investigar los millonarios negocios de la organización, que en los últimos días derivaron en siete detenciones y los 39 allanamientos mencionados, cinco de los cuales se hicieron en Arroyo Seco y un sexto en Villa Constitución. Además, hubo otros dos procedimientos en Santiago del Estero, también vinculados con Gorosito. Entre las detenciones estuvieron la de la mujer de Salvatore en su casa de Belgrano y la del abogado Mariano Castellucci, funcionario de la Universidad Nacional de Mar del Plata y vinculado con el radicalismo.

Algunos de los inmuebles allanados fueron casas particulares y otros pertenecían a empresas, estudios jurídicos, notariales y contables, y la sede del porteño club Huracán, ya que la organización estaría vinculada con el pase de un futbolista. Además, la jueza volvió a pedir la detención de Salvatore –quien cayó en Rosario en diciembre de 2012– en cárcel común, ya que no está convencida de que tenga problemas de salud como consideró en la pasada feria un juez que dispuso su arresto domiciliario hasta el juicio.