El cura Julio César Grassi, condenado y detenido por abuso sexual contra chicos alojados en su Fundación Felices los Niños, será jugado a partir del 17 de octubre próximo en otra causa por el alquiler de una quinta con fondos de esa entidad.
Grassi será juzgado ante el Tribunal Oral Criminal 3 de Morón por el presunto delito de peculado previsto en el artículo 263 del Código Penal que prevé pena de dos a diez años de prisión.
El cura alquiló una quinta en la localidad bonaerense de Hurlingham que fue pagada con recursos de la fundación, luego que la justicia le prohibiera convivir con los chicos a su cargo al abrirse la causa por abuso por la que finalmente fue condenado.
El juicio tendrá una duración aproximada de diez audiencias y la acusación estará a cargo de los fiscales Marcelo Papavero y Javier Ghessi, indicaron fuentes judiciales.
El hecho que se le imputa a Grassi data del año 2002, cuando el sacerdote se mudó a la casa quinta “La Blanquita”, de 7.200 metros cuadrados, frente a las instalaciones de su fundación a la tenia prohibida la entrada.
El escándalo estalló cuando el dueño de la propiedad denunció a Grassi por alquileres impagos, lo que generó la investigación que ahora llega a juicio.
La defensa de Grassi planteó una probation, consistente en realizar tareas comunitarias a cambio de evitar su juzgamiento dado que ahora esta preso y condenado a 15 años de prisión por dos abusos sexuales agravados por ser en contra de menores a su cargo, sentencia que está en fase de apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
En su primera intervención, el Tribunal Oral Criminal 3 de Morón, que integran los jueces Diego Bonnano, Raquel Lafourcade y Mariela Susana Moralejo Rivera, rechazó el planteo al considerarlo extemporáneo pues ya había fijado fecha de juicio.
Grassi también tiene una tercera causa en su contra, en este caso por el desvío de bienes y alimentos que eran parte para la Fundación Felices los Niños hacia la Unidad Penal 41 de Campana donde él purga la pena por abuso sexual.
El dirigente que participó de las elecciones locales de 2023 fue imputado este miércoles en Rosario. La investigación reúne, hasta el momento, 17 hechos y un perjuicio económico que rondaría los 39 millones de pesos. Permanecerá detenido preventivamente hasta el 9 de diciembre.
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