Una pareja fue imputada este martes de dedicarse a planificar extorsiones, entraderas, escruches, usurpaciones y venta de droga en el Gran Rosario. El hombre quedó preso y la mujer con arresto domiciliario. En los allanamientos donde fueron detenidos la mujer y el hombre se secuestró hasta un drone que utilizaban para "espiar" los domicilios a los que luego iban a robar.
El fiscal Federico Rébola acusó a Luciano Sebastián R., de 42 años, y Gabriela A., de 35, por integrar una asociación ilícita que se dedica a extorsiones y robos. Agregó que proveían "servicios a terceros" para la concreción de robos y usurpaciones. El juez Gonzalo López Quintana dictó prisión preventiva efectiva por ley para el delincuente, mientras otorgó domiciliaria a la mujer.
Para el fiscal, Luciano R. es el jefe de la organización. Es quien se dedica a obtener datos para la organizaciones de planes delictivos y determina quiénes los ejecutan.
Además, se le atribuyó haber hecho llamados extorsivos a un comerciante el 21 de septiembre pasado en San Lorenzo, que no se terminaron concretando. Y de haber realizado una entradera el 23 de octubre pasado en Italia al 2100, donde robaron cinco pulseras, un par de aros y un anillo –todos elementos de oro–, 100 mil pesos y 500 dólares.
Por su parte, a Gabriela A. se la acusó de participar activamente en la venta de droga y en delitos particulares, como el robo a un local comercial de San Lorenzo.
En los allanamientos donde resultaron detenidos el pasado viernes, se incautaron pesos y dólares truchos, municiones, droga, un arma y un drone que era utilizado para "espiar" las casas que luego robaban.
El dirigente que participó de las elecciones locales de 2023 fue imputado este miércoles en Rosario. La investigación reúne, hasta el momento, 17 hechos y un perjuicio económico que rondaría los 39 millones de pesos. Permanecerá detenido preventivamente hasta el 9 de diciembre.
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El acusado, de 30 años, habría golpeado, amenazado y privado de la libertad a su pareja durante un violento episodio ocurrido el 23 de agosto. La Justicia dispuso su prisión preventiva hasta el 2 de octubre.
Fue este miércoles, en la ciudad del centro de la provincia de Santa Fe. Aunque falta confirmación oficial, en principio falleció por asfixia. Testimonios de maltratos contra el pequeño abonan la hipótesis fiscal inicial