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Se realizaron requisas sorpresivas y aleatorias y se implementaron scanners que detectan el ingreso de objetos prohibidos a las penitenciarías.
En los seis primeros meses del año el Gobierno de Santa Fe secuestró un total de 3.148 gramos de droga (2.297,86 gr. de marihuana y 849,82 gr. de cocaína).
De acuerdo a un informe del Ministerio de Seguridad provincial, 1.475,2 gr. de los estupefacientes se secuestraron en el ingreso de los visitantes y familiares; 505,74 gr en los ingresos y egresos de los internos con salidas transitorias; 637,34 gr. en las requisas realizadas a los presos y 1.003 gr. al personal penitenciario -que recibió además la correspondiente sanción-.
Uno de los factores que permitió la detección de los estupefacientes fueron las requisas sorpresivas y aleatorias. Esto permitió el secuestro de distintos elementos y objetos prohibidos como armas, drogas y teléfonos celulares.
Por otra parte, se utilizó el sistema de body scanners. Se trata de tecnología de última generación que tiene como objetivo detectar el ingreso de elementos prohibidos al servicio penitenciario. Son utilizados tanto para el registro de las visitas, como del propio personal de seguridad. El primero, un detector por el que ingresarán todos los bolsos, mochilas o equipajes que las visitas de los presos y los agentes penitenciarios lleven a las instalaciones.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
