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La sesión inaugural tuvo una hora y media de demora. Participaron 68 de los 69 convencionales, y el proceso de reforma se extenderá por 60 días.
Este lunes comenzó el proceso histórico de reforma de la Constitución en Santa Fe. La apertura de la sesión se realizó con una hora y media de retraso.
El dato más alentador fue la presencia de 68 de los 69 convencionales en la Legislatura santafesina. La única ausente, por motivos de salud, fue Alejandra “Locomotora” Oliveras. El trabajo de la Convención se extenderá por 60 días (40 más una prórroga de 20) y se enfocará en la modificación de algunos de los 42 artículos habilitados por la ley de necesidad de reforma.
El acto inaugural comenzó con el izamiento de las banderas nacional y provincial. Tarea a cargo del gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco.
Como anticipo de los debates que se avecinan, la convencional Amalia Granata adelantó que impugnará el diploma de Oliveras, un intento que ya había sido rechazado por el Tribunal Electoral en la instancia previa.
“Iniciamos esta Convención Reformadora con el desafío de honrar esa tradición federal, humana y democrática de Santa Fe. Nos toca estar a la altura de ese legado que nos hizo una provincia invencible y a la altura de una sociedad pujante. Entendemos que reformar no es un gesto técnico, es un acto político y cultural, un momento fundacional que expresa qué sociedad queremos ser”, indicó Pullaro, quien también se desempeña como convencional.
Se definió como presidente de la Convención al senador provincial y convencional Felipe Michlig, y como vicepresidentes a los convencionales Diego Giuliano (1°), Marcos Peyrano (2°), y Daiana Gallo Ambrosis (3°). Y finalmente se dio paso a un cuarto intermedio para ultimar los detalles del reglamento que regirá en la Convención.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
