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El objetivo es evitar que rompan el pavimento y pongan en riesgo la seguridad vial en la provincia de Santa Fe.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) intensificarán a partir del lunes 5 de enero del próximo año los operativos de fiscalización de la carga de los camiones para evitar excesos de peso en rutas de la provincia.
Destacaron que se comprobó que una calzada que duraba 10 años ahora tiene una resistencia aproximada a 4 ( y en algunos casos menos), producto del exceso de peso con que circulan algunos transportistas.
Según explicaron, uno de los fines de este trabajo, es preservar el estado de las rutas provinciales.
El tránsito de camiones con exceso de carga es una transgresión grave comparable a otras que ponen en riesgo a los usuarios de las rutas, porque además de destruir el pavimento, disminuye la seguridad vial y aumenta los peligros por malas maniobras ante el deterioro progresivo de la calzada. El control de esta práctica permite proteger el estado de los corredores viales y resguardar la seguridad de todos.
A diferencia de otras oportunidades, desde Provincia señalaron que esta vez las penalidades serán mayores y efectivas. Por un lado, habrá fuertes sanciones económicas según la gradualidad de los excesos, pero no solo para los conductores del vehículo, también para los titulares del camión. Incluso, también los agentes de cada control estarán habilitados para la retención de la licencia y del vehículo si la infracción lo amerita.
Según la Ley 13169 art. 103 inc. 3 estipula que los vehículos que superen los pesos máximos establecidos en la legislación y reglamentación vigente serán sancionados con hasta 20.000 UF (Unidades Fijas) cuyo valor es el equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del menor precio de venta al público de un litro de nafta especial en las estaciones de servicios YPF del Automóvil Club Argentino.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
