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El frente de sindicatos liderado por ATE definió la medida de fuerza para presionar al Senado antes del inicio del debate. Apuntan contra los gobernadores y exigen un plan de lucha integral.
El conflicto entre los trabajadores del Estado y el Gobierno nacional suma un nuevo capítulo de tensión. El frente de sindicatos estatales, impulsado primordialmente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), anunció un paro nacional para el próximo 11 de febrero. La medida busca frenar el avance del proyecto de reforma laboral que comenzará a discutirse formalmente en el Senado de la Nación.
La decisión fue confirmada tras un plenario donde se analizó el impacto de la "modernización laboral" que impulsa la gestión de Javier Milei. Según los dirigentes gremiales, la huelga tiene como objetivo principal visibilizar el descontento del sector antes de que el texto llegue al recinto.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, fue contundente al explicar los motivos de la convocatoria: “Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado”. El dirigente subrayó que el paro del 11 de febrero debe ser el puntapié de un "plan de lucha" más extenso y no un hecho puntual.
“El gremialismo debe pensar en una estrategia de resistencia que comience con anterioridad al debate legislativo para marcarle la cancha al Gobierno”, argumentó Aguiar, instando a otros sindicatos a sumarse a la movilización.
Uno de los ejes centrales de esta nueva jornada de protesta será la presión sobre los mandatarios provinciales. Desde el frente sindical consideran que los gobernadores son piezas clave en la negociación parlamentaria y que el Ejecutivo nacional depende de sus votos para lograr la sanción en la Cámara Alta.
“Sin los mandatarios provinciales, el Gobierno nacional no puede”, sentenciaron desde el gremio, señalando que la gira de funcionarios nacionales por el interior del país busca asegurar los apoyos que hoy no tienen garantizados.
La medida de fuerza tendrá un fuerte impacto en la región, donde los gremios locales ya vienen manifestando su rechazo a la reforma. En sintonía con las recientes movilizaciones en Rosario —que incluyeron a aceiteros, docentes universitarios y organizaciones sociales—, se espera que el 11 de febrero se realicen concentraciones y cortes de servicios en diversas dependencias públicas de la provincia.
Los estatales denuncian que la reforma laboral no solo precariza las condiciones de trabajo, sino que también pone en riesgo la estabilidad del empleo público y favorece la discrecionalidad patronal a través de mecanismos como el banco de horas.
La diputada provincial impulsa una Ley de Primera Infancia que busca convertir los primeros años de vida en una verdadera política de Estado. Este lunes se reunió en Buenos Aires con representantes de UNICEF para presentar la iniciativa e intercambiar miradas sobre cómo garantizar mejores oportunidades desde el comienzo de la vida.
Tras reunirse en la Mesa Paritaria provincial, los representantes sindicales y los intendentes llegaron a un acuerdo en el marco de la Ley 9.996. La suba se abonará en tres tramos e incluye el reconocimiento del desfasaje inflacionario acumulado en la primera mitad del año.
