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Tras dos días de tensión y manifestaciones frente a las jefaturas, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó el decreto con la nueva escala salarial. Con adicionales por operatividad y manejo, los sueldos en ciudades como Rosario podrán superar los 2,3 millones de pesos.
Luego de una jornada de intensas negociaciones y protestas que incluyeron "sirenazos" y concentraciones en las principales ciudades de la provincia, el conflicto con la Policía de Santa Fe llegó a su fin. En una conferencia de prensa brindada en la sede de Gobernación en Rosario, el gobernador Maximiliano Pullaro calificó el reclamo como “justo y genuino” y anunció una fuerte recomposición salarial para el sector.
El anuncio central establece que, a partir de febrero de 2026, ningún efectivo de la Policía de la Provincia ni del Servicio Penitenciario percibirá menos de $1.350.000 netos. Este sueldo básico garantizado aplica para todo el personal, incluyendo a los escalafones técnico-administrativos y a quienes desempeñan tareas en la central de emergencias 911.
El esquema presentado contempla incentivos significativos para quienes cumplen funciones en la calle y en zonas de mayor complejidad delictiva (Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez y Santo Tomé):
Plus por operatividad: Se suma un adicional de $500.000 para agentes en zonas críticas.
Adicional por conducción: Quienes manejen patrulleros percibirán un plus de $250.000.
Tarjeta Alimentaria Policial (TAP): El monto se incrementa de $84.000 a $168.000.
Como parte del acuerdo para destrabar el conflicto, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que se levantaron los pases a disponibilidad de los efectivos que habían sido sancionados durante el inicio de las manifestaciones.
Además, el gobernador anunció mejoras en las condiciones de descanso para el personal que debe viajar largas distancias, garantizando plazas de alojamiento para evitar el desgaste por traslados diarios, y un refuerzo en el gabinete psicológico de la Dirección de Bienestar Policial.
“Este Gobierno siempre creyó en la Policía y la apoyó como nadie. Entendemos que el reclamo fue atendido y no hay razón para que continúe la movilización”, concluyó Pullaro.
Tras el anuncio, los efectivos que se encontraban concentrados frente a la Jefatura de la Unidad Regional II en Rosario comenzaron la desconcentración y retomaron sus tareas preventivas habituales.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
