La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) confirmó un paro total de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para los días miércoles 11 y jueves 12, luego de que fracasara la última reunión paritaria con representantes de Intendentes y Presidentes Comunales.
Según informó el gremio a través de un comunicado, la medida fue resuelta por el Plenario de Secretarios y Secretarias de los 42 sindicatos adheridos, tras considerar insuficiente la propuesta salarial presentada en la negociación.
La oferta contemplaba un 12,5% de aumento para el primer semestre de 2026, distribuido de la siguiente manera: 2,6% en enero (ya abonado), 2,6% en abril, 3,3% en mayo y 4% en junio. Además, incluía un 3% retroactivo correspondiente a la política salarial de 2025, compromiso asumido en la última reunión paritaria.
Desde FESTRAM señalaron que la propuesta resulta inaceptable por el impacto real en los salarios, ya que en algunos casos el incremento representaría alrededor de 45.900 pesos en el mes de abril, monto que, según el gremio, mantiene a los trabajadores municipales y comunales por debajo de los índices de pobreza.
En ese sentido, desde la federación remarcaron que no permitirán que el ajuste y la recesión recaigan únicamente sobre el sector del trabajo, por lo que ratificaron la medida de fuerza prevista para mediados de la semana.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.