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El gremio cuestionó la negociación paritaria y no descartó una medida de fuerza los días 8, 9 y 10 de abril.
FESTRAM advirtió sobre un posible paro total de actividades en toda la provincia tras evaluar el estado de las negociaciones salariales en el marco de la Mesa Paritaria.
La definición surgió de un plenario de secretarios generales, donde los representantes sindicales coincidieron en cuestionar el rol del Gobierno provincial. Según señalaron, el Ejecutivo no estaría cumpliendo con las responsabilidades que le asigna la ley como coordinador de la discusión.
Desde el gremio también apuntaron contra los intendentes paritarios que participan de la negociación, a quienes acusaron de manejarse con “una improvisación nunca vista”. En ese sentido, remarcaron la falta de asistencia a reuniones convocadas en el marco de la conciliación obligatoria, instancia que había sido solicitada por los propios representantes municipales.
Pese al malestar, FESTRAM confirmó que asistirá a la próxima reunión convocada por el Ministerio de Trabajo provincial, prevista para el lunes 30 de marzo, en un intento por destrabar el conflicto.
No obstante, el sindicato advirtió que, si los intendentes mantienen una postura dilatoria, avanzará con una medida de fuerza que consistiría en un paro total de actividades en todos los municipios y comunas de la provincia durante los días 8, 9 y 10 de abril.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
