El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe confirmó que el programa de beneficios fiscales ha tenido una recepción masiva en el sector privado. Hasta el momento, cerca de 800 empresas santafesinas ya se encuentran percibiendo los incentivos económicos dispuestos por la provincia a cambio de la creación de nuevos puestos de trabajo y la formalización de personal.
La iniciativa tiene como eje central un esquema de descuentos y exenciones en el Impuesto a los Ingresos Brutos. Según detallaron fuentes oficiales, este beneficio no solo alcanza a las nuevas contrataciones, sino que también funciona como un motor para que las empresas que tenían trabajadores en situación de informalidad puedan regularizar su nómina con un menor costo fiscal.
El objetivo del Ejecutivo provincial es claro: sostener la actividad económica en un contexto nacional complejo y fomentar que las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) —el principal motor productivo de Santa Fe— pierdan el miedo a contratar.
Las empresas que accedieron al beneficio pertenecen a diversos rubros, destacándose el comercio, la industria manufacturera y los servicios. Además, la distribución de estas firmas cubre gran parte del mapa provincial, con fuerte incidencia en los nodos de Rosario, Santa Fe, Rafaela y Venado Tuerto.
Para acceder a estos beneficios, las compañías deben cumplir con ciertos requisitos de cumplimiento fiscal y demostrar que el incremento en su planta de trabajadores es real y se sostiene en el tiempo.
Desde la cartera de Trabajo subrayaron que este tipo de políticas son fundamentales para "aliviar la carga impositiva de quienes apuestan por la provincia". Asimismo, destacaron que el programa se complementa con otras herramientas de formación profesional y capacitación laboral que el Gobierno santafesino pone a disposición de las empresas.
"Casi 800 empresas ya han entendido que el camino es la inversión y el empleo registrado. El Estado debe ser un aliado de los que producen, no un obstáculo", señalaron desde el área de Empleo.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.