Bajo la premisa de cuidar la inversión en obra pública, el Gobierno de Santa Fe, liderado por Maximiliano Pullaro, intensificó los operativos del programa “Santa Fe Pesa”. Se trata de una estrategia conjunta entre la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) para evitar el deterioro prematuro de las calzadas provocado por el transporte de cargas excedidas.
Desde el inicio de la gestión el pasado 5 de enero, los resultados arrojan un balance de alta operatividad:
413 operativos realizados en rutas provinciales y nacionales.
11.743 camiones fiscalizados.
8.028 unidades sometidas a pesaje efectivo.
301 actas de infracción labradas por exceso de peso.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, fue tajante al respecto: "Construir una ruta y no controlar el peso es como renovar una casa y dejar la gotera. El control de cargas protege cada peso que invierte el santafesino".
Por su parte, el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, advirtió que el exceso de peso acumulado detectado supera las 1.000 toneladas. "Esas toneladas no son un número abstracto: son daños sobre la calzada, bases y puentes. Un camión con sobrepeso rompe las rutas de manera exponencial", explicó.
El informe revela que los rubros con más infracciones son los áridos (arena y piedra), seguidos por los cereales, la maquinaria agrícola y el hormigón.
Los operativos se concentraron con mayor efectividad en corredores estratégicos:
Ruta Nacional 19: Intersecciones con RN 34, RP 10 y peajes de Franck y Josefina.
Autopista Rosario-Córdoba: Peaje de Carcarañá.
Accesos a Sunchales: RN 34 y RP 70.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.