El paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para este lunes impactará de manera dispar en la provincia de Santa Fe, sumando un nuevo capítulo al conflicto salarial del sector.
Por un lado, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) confirmó su adhesión al cese de actividades, lo que interrumpirá el dictado de clases en los establecimientos de gestión pública de toda la provincia. En contraposición, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop Santa Fe) resolvió no sumarse a la huelga y garantizar el dictado normal de clases en las escuelas privadas, aunque llevará adelante una radio abierta desde las 10:30 en la Plaza del Soldado de la capital provincial para hacer visibles sus reclamos.
En el marco de la jornada de protesta, tanto el Gobierno nacional como la administración provincial anticiparon la implementación de esquemas de control e inspección:
Inspecciones nacionales: La administración central dispondrá controles para verificar el cumplimiento de la prestación mínima del servicio educativo.
Declaración jurada provincial: El Ministerio de Educación de Santa Fe requerirá a los docentes de escuelas públicas la presentación obligatoria de un formulario digital en el que informen si prestaron o no servicios durante la jornada de huelga, en consonancia con los controles habituales aplicados ante medidas de fuerza.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.