Los delegados aprobaron este sábado la propuesta de incremento salarial del gobierno de Santa Fe, que ofreció un pago único en marzo que varía entre los $1650 y los $3250 e incrementos de entre el 26 y 30%, según la categoría, que se pagarán en marzo y julio
Santa Fe.- Los delegados de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aprobaron los plenarios de este sábado realizados en Santa Fe capital la propuesta salarial del gobierno provincial. La misma contempla subas de hasta 30 por ciento y suma fija, lo que lleva el sueldo inicial mínimo a 6.099 pesos de bolsillo.
Sólo ocho de los 2200 delegados rechazaron propuesta de incremento salarial, que incluye sumas fijas que serán de 1650 para las categorías 1 y 2 y de 3250 pesos para los niveles 7, 8 y 9 del escalafón. Las mismas se abonarán en marzo con los sueldos de febrero.
En todos los casos serán no remunerativas, no bonificables y alcanzan a los jubilados.
En cuanto a los porcentajes, habrá un primer aumento de entre 18 y 23 por ciento (más para las categorías más bajas) a pagar en abril con los sueldos de marzo. Luego se abonará otro incremento en julio hasta completar subas totales del 26 al 30 por ciento.
Así, la categoría inicial del escalafón recibirá en julio un salario de bolsillo de 6.099 pesos, mientras que la categoría 9 llegará a los 21.498 pesos.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.