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La medida es impulsada por el sindicado Siprus y es en rechazo a la propuesta salarial del gobierno. "Se aprobó a nuestras espaldas, sin discusión y sin debate", dijeron desde la entidad que representa a los empleados dijeron desde el Siprus
Foto. Rosario3
Los hospitales, centros de salud y Samcos que dependen de la provincia de Santa Fe estarán afectados por un paro de 48 horas que arrancará el próximo jueves. La medida de fuerza es en rechazo a la oferta del 28 por ciento de forma escalonada para el profesionales de la salud.
Según la representante del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus), María Fernanda Boriotti, el aumento anunciado por la provincia deja un salario de 8.700 pesos para el trabajador de la salud, mientras que desde el gremio buscan que el mínimo ronde los 11.100 pesos.
"El paro será de 48 horas y afectará a los hospitales provinciales, centros de salud y Samcos. Los hospitales tendrán guardias mínimas", aseguró Boriotti.
Según la delegada, "se volvió a firmar un acuerdo salarial a nuestras espaldas, sin duscusión y sin debate".
Ante la posibilidad del descuento del día, la representante del sindicato lo tomó como una "amenaza" por parte de la provincia.
"El 28 de febrero nos mandaron una carta donde nos amenazaron con el descuentos de los días sino nos presentamos a trabajar", dijo Boriotti.
El plan de lucha será este jueves y viernes con asistencia a los lugares de trabajo, pero con guardias mínimas en los hospitales.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
