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Organizaciones judías y de derechos humanos, el Inadi y la titular de Madres de Plaza de Mayo, Queca Kofman, forzaron la medida.
Garro asumió el 31 de diciembre y se desató el escándalo.
El gobierno provincial debió dar marcha atrás con la designación del comisario Juan Pablo Garro como titular de la Unidad Regional I (URI) de la ciudad de Santa Fe para frenar el escándalo que tocaba a la puerta del gobernador Antonio Bonfatti. El ministro de Gobierno, Rubén Galassi, dijo en la tarde de ayer que decidieron hacer terminar la licencia a su antecesor, Sergio Vergara, y reponerlo al frente de la URI.
Queca Kofman, la legendaria Madre de Plaza de Mayo de Santa Fe, había anunciado por la mañana que iría a pedirle a Bonfatti la renuncia de Garro. Para entonces lo mismo ya habían pedido la Asociación Israelita I.L.Peretz, la Daia, la agrupación Hijos y el Inadi, y ayer se sumaría con un duro comunicado de repudio el Foro Contra la Impunidad y Por la Justicia, que nuclea a casi todas las entidades de derechos humanos de Santa Fe.
El silencio del gobierno se quebró casi de inmediato. Bonfatti y sus ministros podían no responder ni recibir a los distintos grupos pero desairar a la referente de las Madres de la Plaza fue el costo político que no estaba dispuesta a pagar la administración socialista. Ya no iban a sostener a un comisario que fue separado de un cargo anterior en 2006, denunciado por tener un cuadro con símbolos nazis en su despacho y ejercer violencia moral y antisemita contra un subordinado.
Luego de 72 horas de no acusar impacto, la salida que encontró el gobierno fue la reposición en el puesto del antecesor de Garro: Sergio Vergara. Pese a señalar que no se trata de una cuestión específica de su cartera "pero si de un tema sensible de seguridad pública", ayer Galassi respondió en LT8 por los cuestionamientos a Garro. Afirmó que "ya lo explicó el secretario de Seguridad: en los próximos días se va a hacer cargo nuevamente quien estaba a cargo de la URI, el comisario Vergara, y que es una designación transitoria (la de Garro) al sólo efecto de poder disponer de un funcionamiento adecuado estos días en los que Vergara tuvo que pedir licencia (sic)".
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
