Seguinos en 
cielo claro
13°C
13°C
13°C
El gobernador Bonfatti promulgó la ley aprobada el año pasado y convirtió a la provincia en la primera del país en tener una normativa al respecto.
El gobernador Antonio Bonfatti firmó el decreto que promulga la ley que prohíbe las carreras de canes en todo el territorio santafesino, y fija multas y prisión para quienes promuevan la actividad.
El proyecto, de iniciativa de la diputada provincial Alicia Gutiérrez, fue convertida en ley por la cámara de Senadores en diciembre del 2014. De esta manera, Santa Fe se convierte en la primera provincia del país en tener una norma contra estas carreras.
Además de la prohibición de estas competencias de perros, cualquiera sea su raza, la ley sancionada fija una multa de hasta 6.500 pesos, y entre 5 y 30 días de arresto para sus organizadores y promotores.
Si bien no hay una legislación nacional que prohíba específicamente la práctica, para la elaboración de la norma provincial denominada "prohibición de carreras de canes" se tuvo en cuenta la ley 14.346 -de crueldad animal-, para sancionar los canódromos.
En los fundamentos del proyecto, se explica que “las carreras de galgos son una competencia entre varios ejemplares de esta raza de perros. Los participantes corren detrás de una liebre artificial, a la cual nunca pueden dar alcance, en un circuito ovalado, denominado canódromo, hasta llegar a la meta, y mientras corren llevan puesto un bozal”.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
