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Los docentes públicos y privados cumplirán 48 horas de paro en reclamo salarial. La secretaria general de Amsafé, Sonia Alesso, afirmó: “Está en manos del gobierno provincial que el conflicto se solucione o se extienda”.
Foto: Imagen Ilustrativa
Los docentes públicos, privados y técnicos de todos los niveles educativos de Santa Fe cumplirán mañana y el jueves otras 48 horas de paro en reclamo de mejoras salariales.
La medida de fuerza, similar a la de la semana pasada, incluirá mañana una movilización al Ministerio de Educación provincial, informó la secretaria general de la Amsafé, Sonia Alesso.
La dirigente gremial añadió que “está en manos del gobierno provincial que el conflicto se solucione o se extienda”.
El gobernador Antonio Bonfatti aseguró que la oferta realizada, un 31% de incremento, escalonado, “es la mejor del país”.
El gobierno provincial anunció que los representantes gremiales serán citados la semana próxima para continuar con las negociaciones paritarias.
Tras la última sesión del año, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados trazó un balance del año legislativo y afirmó: “En un momento de la política del país donde todo es crispación, la predisposición al diálogo y a la búsqueda de consenso es una marca de identidad de la política santafesina”.
El Ministerio de Economía confirmó que ese martes se abonará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario a activos y pasivos de Santa Fe.
La segunda audiencia pública se realizó este miércoles en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad. “Las actividades que desarrollamos en Santa Fe y Rosario conllevan un profundo valor democrático”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa. Hubo más de 60 oradores y 150 oyentes.
Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje.
Fue votada por legisladores de distintos bloques que también se comprometieron a sancionar una ley de salud que tenga en cuenta el caso para mejorar procesos de control y trazabilidad de medicamentos, así como también el acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.
