La polémica acordada entre Senadores y Diputados nacionales para aumentarse las dietas entre un 47 y un 62% quedó desactivada finalmente en la madrugada de este jueves luego de que el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, decidiera dar marcha atrás con el discutido incremento salarial por encima de cualquier pauta paritaria a lo largo de este 2016.
Claro que para que esto suceda los legisladores debieron soportar gruesos reclamos hasta del propio presidente Mauricio Macri, quien les pidió “no pasarse de largo” a la hora de aumentar los dineros para sus bolsillos. Sin embargo, la decisión de Monzó se dio luego de que la Cámara que preside rechazara discutir en la sesión un proyecto del Frente de Izquierda que apuntaba a anular dicho aumento.
Ocho fueron los votos con los que el No al debate aventajó al Sí. Fueron 112 los diputados nacionales que se negaron a debatir la posibilidad de bajarle las pretensiones al incremento de sus dietas. Nueve de esos votos negativos provinieron de la provincia de Santa Fe. ¿Quiénes fueron los legisladores santafesinos que prefirieron apostar al “siga – siga” para que sus dietas aumentaran con polémicos porcentajes?
La lista está conformada por legisladores que abrevan en el interbloque oficialista de Cambiemos. Ellos son Mario Barletta y Hugo Marcucci de la Unión Cívica Radical, Ana María Copes del Partido Demócrata Progresista, y los PRO Lucas Incicco, Luciano Laspina, Ana Laura Martínez, José Nuñez, Gisela Scaglia y Ricardo Spinozzi.
En tanto, fueron ocho los diputados santafesinos que sí quisieron bajar al recinto el debate sobre el incremento de las dietas. Ellos fueron Alicia Ciciliani (Socialismo), Marcos Cleri, Silvina Frana, Josefina González, Alejandro Ramos y Eduardo Seminara (Frente Para la Victoria), y Alejandro Grandinetti y Vanesa Massetani (Una)
Finalmente, tras la frustrada discusión Monzó buscó frenar la polémica y suspendió la parte del aumento correspondiente a gastos de representación (que se había elevado de 10 mil a 20 mil pesos) y también a los fondos establecidos para pasajes y desarraigo (para legisladores que vivan a más de 100 km de la Ciudad de Buenos Aires).
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.