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"El objetivo es poner en protección a los casi 7 mil detenidos que tiene la provincia", dijeron desde el Servicio Penitenciario.
Sin visitas y sin salidas transitorias para los presos santafesinos.
En el marco de las medidas para prevenir el coronavirus, la Secretaría de Asuntos Penitenciarios resolvió este miércoles suspender hasta el 31 de marzo las visitas a las cárceles de toda la provincia.
La decisión será oficializada a primera hora de este jueves. Incluye además la restricción de todo tipo de salidas laborales y transitorias. Aunque podrían surgir excepciones para casos urgentes, como fallecimientos de familiares.
"El objetivo es poner en protección a los casi 7 mil detenidos que tiene la provincia", dijeron a Telenoche desde el Servicio Penitenciario.
La decisión fue tomada con el consentimiento de la Justicia, que ya al suspender las audiencias públicas había limitado el traslado de presos hasta el Centro de Justicia Penal o los Tribunales de Balcarce y Pellegrini.
Tras la última sesión del año, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados trazó un balance del año legislativo y afirmó: “En un momento de la política del país donde todo es crispación, la predisposición al diálogo y a la búsqueda de consenso es una marca de identidad de la política santafesina”.
El Ministerio de Economía confirmó que ese martes se abonará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario a activos y pasivos de Santa Fe.
La segunda audiencia pública se realizó este miércoles en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad. “Las actividades que desarrollamos en Santa Fe y Rosario conllevan un profundo valor democrático”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa. Hubo más de 60 oradores y 150 oyentes.
Fue este lunes en Rosario, y se destinarán a toda la provincia. Los vehículos policiales requirieron una inversión del Gobierno Provincial superior a los $ 4.500 millones y están equipados para el patrullaje.
Fue votada por legisladores de distintos bloques que también se comprometieron a sancionar una ley de salud que tenga en cuenta el caso para mejorar procesos de control y trazabilidad de medicamentos, así como también el acceso rápido e integral a las historias clínicas de los pacientes.
