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El próximo miércoles se reunirá el Plenario de Secretarios Generales de los gremios integrantes de FESTRAM para resolver las medidas a seguir si no se convoca urgente a la Comisión Paritaria para discutir un aumento salarial que reintegre la caída del poder adquisitivo de más de un 16% durante el año pasado y un aumento que supere la inflación, que está haciendo inalcanzable el acceso a los alimentos básicos. Hoy, según INDEC, una familia necesita un ingreso de $54.207,53 para no ser pobre y el Gobierno prevé una inflación del 29%. Esas serán las pautas a debatir, y el rechazo a sumas fijas no remunerativas ni bonificables.
Desde la conducción gremial advirtieron que no tolerarán “que la puesta en escena de un proyecto de autonomía municipal -unilateral e inconsulto – que la gente desconoce”; sea la excusa para ejecutar un acto de vandalismo sobre el salarios de los trabajadores y trabajadoras de Municipios y Comunas, para así evitar la transferencia de recursos y la asistencia que la Provincia debe asegurar. La estrategia del Gobierno provincial –en este sentido- queda expuesta al intentar dar tratamiento del tema autonomía en Sesiones Extraordinarias, y al momento que deben discutirse paritarias.
Tampoco admitirán artilugios como la exhortación de la Corte Suprema del Lawfare a modificar la Constitución Provincial y la Ley de Paritaria, ya que serán considerados como un pretexto propio de la década Menemista para precarizar salarios y condiciones de trabajo.
A su vez desde la Federación le aconsejan al Gobierno Provincial que reclame a la Corte Suprema hacer cumplir la Constitución Nacional exigiendo una nueva ley de coparticipación que devuelva la verdadera autonomía financiera a Provincias y Municipios.
FESTRAM oficializó el pedido de convocatoria a Paritarias y espera una respuesta con anterioridad al Plenario de Secretarios Generales.
Tras un arduo trabajo de discusión en comisiones hubo coincidencia en cuanto al progreso en relación al mensaje enviado por el Ejecutivo. Según Cattalini, “es un conjunto muy importante de herramientas para combatir el delito y el crimen organizado y, lo que es más importante, que respeta la letra de la Constitución Provincial”. Blanco hizo foco en el apoyo que el proyecto aprobado cosechó por fuera de los representantes de Unidos, con 37 votos positivos.
La Unidad Penitenciaria Nº 9 pasó de alojar 738 personas el 12 de septiembre a 802 el 27. La cifra representa cerca del 90% de su capacidad, estimada en 891 internos.
La diputada socialista impulsa los cambios para implementar un nuevo régimen de enjuiciamiento tras la reforma constitucional. “Tenemos que dejar atrás la lógica corporativa y avanzar hacia un sistema con más transparencia, control y reglas comunes”, sostuvo.
