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La situación judicial de la cooperativa láctea SanCor sumó un nuevo y grave capítulo. El juez federal de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, dictó el procesamiento de dos exdirectivos que presidieron el consejo de administración de la firma en períodos consecutivos, bajo la acusación de haber retenido aportes previsionales de sus trabajadores sin derivarlos al fisco.
La resolución judicial estima que la suma total evadida asciende a 1.644.440.882,68 pesos. Según la investigación, los fondos, que debían destinarse al Sistema Único de la Seguridad Social y a obras sociales, fueron descontados de los recibos de sueldo de los empleados, pero nunca ingresaron a las arcas estatales en los plazos legales.
El magistrado aceptó el pedido del fiscal federal Gustavo Onel y procesó a los exdirectivos (cuyos mandatos cubren el período entre febrero de 2020 y febrero de 2024) por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
Aunque el procesamiento se dictó sin prisión preventiva, el juez ordenó un embargo preventivo de 90 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los imputados. Asimismo, se les impusieron restricciones de libertad, como la prohibición de salir del país sin autorización previa.
La causa se inició a finales de 2023 tras las denuncias presentadas por trabajadores de las plantas de Sunchales (Santa Fe) y Don Torcuato (Buenos Aires). Los empleados advirtieron que, pese a los descuentos realizados en sus haberes, figuraban con deudas en sus registros previsionales ante la ex-AFIP.
En su fallo, el juez Cuello Murúa fue contundente al señalar que los imputados tenían pleno conocimiento de su rol como agentes de retención y que existió una voluntad deliberada de incumplir con la obligación legal de depositar los fondos.
Por su parte, la defensa de los exdirectivos había solicitado la suspensión del juicio a prueba (probation), recurso que fue rechazado por el magistrado, permitiendo que la causa avance hacia un posible juicio oral.
Entre los elementos que sustentan la acusación se encuentran:
Resúmenes de situación previsional de la ex-AFIP.
Informes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
Ratificaciones de denuncias por parte de decenas de trabajadores afectados.
Documentación interna y estatutos de la cooperativa que confirman la responsabilidad de los directivos procesados.
Este revés judicial ocurre en medio de una crisis sostenida de la cooperativa, que en los últimos años ha enfrentado conflictos sindicales, deudas millonarias y un proceso de reestructuración que aún no logra estabilizar su situación financiera.
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