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Antonio Bonfatti rubricó un acuerdo con la Universidad Nacional de Rosario para poner en marcha dos sistemas de control fijos y otros tantos móviles. Durante el período de prueba no cobrarán multas
La instantánea de la firma. (Prensa Gobierno de Santa Fe)
Con el objetivo de disminuir los accidentes en las rutas santafesinas, el gobernador Antonio Bonfatti rubricó este lunes en la ciudad de Santa Fe, un acuerdo de cooperación y asistencia con la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para la puesta en marcha de sistemas de control de velocidad.
“Este convenio es el resultado del trabajo conjunto entre el gobierno provincial y la universidad pública”, celebró el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, quien junto con el vicegobernador Jorge Henn; el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (Apsv), Mariano Cuvertino, y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, Oscar Peire, acompañaron a Bonfatti en el acto de firma que se llevó a cabo en la sala Auditorio de la Casa de Gobierno.
A través de dispositivos electrónicos y de gestión de infracciones en las rutas santafesinas se pretende controlar la velocidad y bajar la tasa de siniestralidad. No obstante, durante los primeros 15 días de implementación, no se cobrarán las multas correspondientes. “A partir de ese momento, quienes excedan los límites de velocidad o cometan alguna otra infracción que sean captadas por radares, serán sancionados económicamente”, aclaró el funcionario.
Según explicó Galassi, este proyecto fue idea del gobernador aún antes de ocupar el mando de la Casa Gris. “Bonfatti lo viene trabajando para poder implementarlo en la provincia desde que era ministro de Gobierno y hoy, a poco de cumplir el año de gestión, se puede poner en marcha”, apuntó.
Finalmente, agradeció el esfuerzo conjunto del Instituto de Estudios del Transporte de la facultad rosarina, la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado.
El acuerdo prevé, entre las obligaciones conjuntas, una campaña de difusión dirigida a “la ciudadanía sobre el curso de acciones a seguir, los derechos que la asisten y las sanciones a aplicar”; y la Universidad deberá garantizar la “provisión, instalación, mantenimiento y actualización tecnológica del equipamiento” de dos cinemómetros fijos para el control de velocidad; otros dos cinemómetros móviles con conectividad, además del hardware y software respectivo.
