Conflictos en loteos: las quejas también llegan a la provincia

Las denuncias a loteos de la región por parte de quienes adquieren terrenos también comenzaron a plasmarse en el último tiempo en el ámbito del gobierno santafesino. Con el crecimiento de las nuevas urbanizaciones, la Dirección Provincial de Defensa al Consumidor ya recibió presentaciones de damnificados en emprendimientos situados en Rosario, Funes y Arroyo Seco. A la par, persisten los conflictos en Roldán. En general, las acusaciones contra las empresas son por publicidad engañosa. Es que en muchos casos se ofrecen parcelas con servicios que luego no se ejecutan o se demoran más de lo prometido.

Tal como publicaron varios medios, sobre la denuncia por “estafa” que formularon la semana pasada los compradores de Tierra de Sueños Boating de Arroyo Seco es una de las tantas que se dieron en el último tiempo, aunque más delicada dado el grado de incumplimiento de la compañía.

Allí la empresa comenzó a comercializar los terrenos hace cuatros años. Sin embargo, los propietarios ni siquiera tienen la posesión del terreno, están aun más lejos de escriturarlos y algunos hasta perdieron el crédito Procrear para poder construir su vivienda. Los lotes tampoco están subdidividos ni los planos aprobados y, además, los compradores mencionaron que las obras de los servicios de infraestructura básicos (como cloacas y redes de gas) no se iniciaron.

Ésta y otras situaciones comenzaron de a poco en los últimos años a llegar al ámbito del gobierno provincial, además de las presentaciones que se hacen en la Justicia. La repartición que toma intervención es la nueva Dirección Provincial de Defensa al Consumidor.

Leonardo Gianzone, titular del área, explicó que “en general” los reclamos “son siempre los mismos”. “Lo que plantean los compradores es que cuando las empresas arman la comercialización lo hacen con servicios y atractivos que no cumplen cuando entregan el loteo. Eso incluye no sólo a las obras de infraestructura. Hay casos donde se han prometido hasta grandes lagos con muelles y en la práctica eso puede terminar siendo un charco, por ejemplo. O un club house que después no está”, señala.

El funcionario sostuvo que los urbanizadores deben cumplir siempre con todo lo que se promete en las promociones de venta, aunque eso no quede luego plasmado en un contrato. La repartición tiene facultad para sancionar a cualquier compañía por “publicidad engañosa” o que haya infligido la ley nacional de defensa al consumidor.

En esos casos, las multas van de los 500 a los 5 millones de pesos, según la gravedad y la cantidad de damnificados. Igual, en todos los casos Defensa al Consumidor debe llamar a una instancia previa de conciliación para que las partes puedan llegar a un acuerdo y así evitar el conflicto mayor.

Con todo, a la cartera que conduce Gianzone han llegado denuncias (además de Arroyo Seco) de loteos en Funes y Rosario. Los casos se suman a las conflictivas situaciones que se dan en Roldán. El funcionario prefirió no entregar los nombres de las compañías acusadas, pero basta hacer un breve repaso para tener en claro los hechos más problemáticos.

En Roldán las quejas siguen arreciando contra la firma Aldic, la desarrolladora allí de Tierra de Sueños 1, 2 y 3 (estas dos últimos ubicadas sobre la autopista a Córdoba a la altura de la ruta A012). En conjunto las urbanizaciones suman más de cuatro mil terrenos y son así el nuevo barrio más grande de toda la provincia. Ya hay unas mil familias habitando en el lugar.

En febrero un grupo de compradores realizó frente a las oficinas de la empresa (en calle San Lorenzo al 1300 de Rosario) una protesta para dejar expuestos todos los incumplimientos. Lo propietarios denuncian que existen obras adeudadas en los loteos por unos 64 millones de pesos, de los cuales 50 millones refieren al pavimento con hormigón.

A la par plantearon que cada vez que llueve sufren inundaciones dado que no están finalizadas las obras hídricas prometidas. “También sufrimos a diario la baja tensión, los cortes de luz son una constante, no tenemos el servicio de gas natural en nuestros domicilios, las cloacas no han sido iniciadas y la entrada al barrio es inaccesible en días de lluvia para colectivos, bomberos o ambulancias”, señala un comunicado que enviaron hace días a este medio.

Con todo, otro emprendimiento que tuvo serios inconvenientes en esa ciudad fue Puerto Roldán, que se comercializó con seductores servicios complementarios que luego no eran los prometidos. Aunque la irregularidad más grave se dio con el cobro de expensas.

Por su parte, en Funes, el Grupo Lands, desarrollador del loteo Funes City (el más grande de esa ciudad), mantiene un fuerte conflicto con el municipio por no terminar una planta de ósmosis inversa, necesaria para abastecer de agua potable no sólo a los vecinos de ese barrio sino de muchos otros de la ciudad. De no cumplir lo pactado, el gobierno local ya anunció que ejecutará los terrenos que están en garantía para, con ese dinero, terminar la construcción.

En tanto, en Rosario la situación más complicada se dio años atrás con el barrio Los Pasos de Jockey luego de que el primer administrador del complejo (Gustavo Shanahan) entrara en una grave crisis financiera y dejara una millonaria deuda. Aunque con atrasos en algunas compensaciones al municipio (como la obra de ampliación de calle Wilde desde Mendoza hasta la autopista a Córdoba), la situación (ahora con otros empresarios al frente del proyecto) parece haberse encaminado.

Allanamiento a una firma

En agosto pasado, El Ciudadano publicó que a partir de una denuncia radicada por vecinos de Puerto Roldán, ubicado a la vera de la autopista Rosario-Córdoba, el Ministerio Público de la Acusación inició una investigación por presunto fraude en la liquidación de los gastos centrales del complejo habitacional. Las pistas derivaron por entonces en un allanamiento realizado en una vivienda de zona norte perteneciente a la empresa MOR, la desarrolladora de Puerto Roldán. Los vecinos que hicieron la presentación sospechan que los encargados de la administración del barrio dividieron los gastos centrales solamente entre los compradores de los lotes y que la firma inmobiliaria no pagaba lo correspondiente a los espacios que no logró vender. Según dijeron, la “estafa” sería millonaria.