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Según el informe del Consejo Asesor de la Vivienda, en el 2021 se multiplicaron las denuncias y reclamos en Rosario por incumplimientos de la Ley
Las denuncias, consultas y reclamos de inquilinos rosarinos se multiplicaron en el 2021 por incumplimientos a la Ley Nacional de Alquileres. Según el informe anual confeccionado por el Consejo Asesor de la Vivienda (dependiente de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor) 5 de cada 10 reclamos ingresados denuncian que inmobiliarias no acatan sus principales puntos.
El trabajo señala que el 69% de las 1881 consultas recibidas en el 2021, fueron problemas vinculados al alquiler. Se trata de 1298 casos, de los cuales 1181 estuvieron vinculados a inconvenientes en locaciones de viviendas con destino familiar.
A su vez, el informe resalta que las consultas, quejas y denuncias recibidas en 2021 se incrementaron en un 27% respecto al año anterior. Y que la gran mayoría responden a incumplimientos perpetrados contra la Ley 27.551 (Ley Nacional de Alquileres), que llegaron a un total de 622.
Ariel D'Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda, señaló que aparecen reclamos por cobros indebidos en las expensas extraordinarias, que deben ser abonadas por el dueño del inmueble, o en el API, que es el impuesto que grava la propiedad y, según lo establecido, debe pagarse mitad por el inquilino y mitad por el propietario.
También señaló que hay inquilinos que denuncian la fijación de contratos menores al plazo mínimo de tres años estipulado y por la imposición ajustes en el valor de los alquileres por fuera del esquema de actualización anual que plantea la normativa.
En este sentido, indicó que desde la entidad convocarán a una mesa de diálogo para el mes de abril, de la que buscarán que participen "representados todos los sectores y donde vamos a solicitarle al Gobierno nacional, provincial y municipal que esté presente, mandando a sus representantes", indicó D'Orazio.
También se refirió a las declaraciones de Nación sobre posibles modificaciones a la Ley de Alquileres. En este sentido, consideró que "a pesar de haberse logrado una normativa que establece un piso mínimo de derechos, no se logró mejorar las condiciones de habitabilidad y acceso al hábitat" y sostuvo que esto se debe a la decisión del Estado de abandonar "todo tipo de control" y dejar su acceso en manos del sector privado.
"Antes de avanzar con una reforma, el Gobierno primero que nada debería preocuparse por hacer cumplir la Ley y por entender que cualquier cambio que se haga tienen que ir en beneficio de un sector largamente castigado como el inquilino, que incluye a 9 millones de personas en todo el país", señaló D'Orazio.
Fuente: Ecos 365
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