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El gobierno cordobés endurece su Código de Convivencia para sancionar el incumplimiento del calendario obligatorio. En Santa Fe, si bien no existen multas monetarias directas, rige la Ley Nacional que permite la "vacunación compulsiva".
La provincia de Córdoba dio un paso drástico en materia de salud pública. Siguiendo el modelo implementado previamente en Mendoza, el Ejecutivo cordobés anunció una reforma en su Código de Convivencia que establece sanciones severas para los padres, tutores o responsables legales que decidan no cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación para menores de 18 años.
La medida, confirmada por el ministro de Salud, Ricardo Pieckesteiner, incorpora el artículo 75 bis, el cual prevé:
Multas económicas de hasta 50 unidades fijas.
Arresto de hasta cinco días.
Tareas comunitarias como alternativa a la detención.
"No se trata de una opción ideológica, sino del cumplimiento de un deber legal que protege el derecho a la salud del niño y de toda la comunidad", argumentaron desde la cartera de salud cordobesa, alertando sobre el riesgo de reaparición de enfermedades como el sarampión o la tos convulsa.
A diferencia de Córdoba y Mendoza, la provincia de Santa Fe no ha modificado su Código de Convivencia para aplicar multas dinerarias o días de arresto directos a través de la policía o la justicia de faltas. Sin embargo, esto no significa que la vacunación sea opcional.
En territorio santafesino, como en todo el país, rige la Ley Nacional de Vacunación N.º 27.491, la cual establece que:
Obligatoriedad: Las vacunas del calendario nacional son obligatorias para todos los habitantes.
Denuncia y Notificación: Los centros de salud y escuelas que detecten la falta de dosis deben notificar a las autoridades.
Vacunación Compulsiva: Ante la negativa persistente de los padres, el Estado puede intervenir judicialmente para realizar la vacunación de forma compulsiva, priorizando el Interés Superior del Niño por sobre las creencias de los progenitores.
El debate se traslada ahora a la eficacia de estas medidas. Mientras Córdoba apuesta por la sanción punitiva para "retomar la senda del cumplimiento", en Santa Fe el enfoque sigue siendo principalmente administrativo y judicial.
En Rosario y la región, los casos de padres "antivacunas" suelen judicializarse ante los Tribunales de Familia. De hecho, existen antecedentes locales donde jueces han ordenado el auxilio de la fuerza pública para garantizar que un menor reciba las dosis necesarias tras agotar las instancias de diálogo con los responsables.
Aunque no hay casos confirmados en la provincia, se activó un protocolo especial. Nación alertó sobre más de 620 mil chicos sin vacunar en el país. Ya se confirmaron 32 contagios y hay 500 casos en estudio.
