El Concejo Municipal fue escenario de una masiva e intensa audiencia pública impulsada por el propio cuerpo legislativo para abordar una problemática ambiental que mantiene en vilo a la comunidad: los reiterados olores nausebundos que invaden la ciudad. El encuentro contó con una importante convocatoria que incluyó a autoridades locales, profesionales, especialistas y vecinos en general. En la apertura del debate, los primeros en tomar la palabra fueron algunos de los ciudadanos damnificados, quienes expusieron el padecimiento cotidiano en sus barrios. Sin embargo, el núcleo más relevante de la jornada se concentró en las posteriores exposiciones del gabinete municipal, el Tribunal de Faltas y los directivos de las firmas señaladas.
El municipio detalló la investigación y el plan de remediación
Los primeros funcionarios en exponer fueron el secretario de Medioambiente, Julián Cardo, y la secretaria de Gobierno, Celina Martini, quienes reconstruyeron el camino que derivó en las sanciones a la firma Worms S.A.
Cardo detalló las inspecciones de campo iniciadas tras un pico de denuncias en diciembre de 2025. "Comprobamos que en el canal de drenaje pluvial de las calles Profesora Nucci y San Martín había líquidos con espuma y fuertes olores que se sentían hasta en el centro", precisó el funcionario. Tras convocar al laboratorio Jima Ambiental e involucrar al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, la persistencia de las anomalías a principios de 2026 hizo que las actuaciones fueran elevadas a la Justicia de Faltas, derivando en la clausura preventiva de la planta de tratamiento de residuos.
Por su parte, Celina Martini informó sobre el estado actual de la empresa tras la presentación de su plan de mejoras. La funcionaria indicó que las últimas inspecciones de mayo constataron el inicio de obras civiles para una planta de tratamiento de efluentes, la construcción de tres nuevas piletas (que se sumarán a las diez originales) y el comienzo del vaciado de una fosa de neumáticos para ser usada como reservorio de emergencia.
Asimismo, Martini lanzó una fuerte advertencia institucional al anunciar la firma del Decreto Nº 682/26: "Informamos a la empresa sobre todos los requerimientos que aún quedan pendientes en materia de medio ambiente, higiene y seguridad y edilicias, dándole un plazo de 10 días para que pueda remediar esta situación".
La Jueza de Faltas advirtió "trabas" institucionales con la provincia
La Dra. Julia Acosta, jueza del Tribunal de Faltas local, aportó la mirada jurídica y aclaró que, tras el levantamiento de la clausura preventiva dispuesto por el Ejecutivo, el expediente ingresó en una compleja etapa probatoria.
Acosta reveló serias dificultades para acceder a la documentación oficial que debe remitir la provincia: "El Ministerio de Medio Ambiente rechazó en el día de ayer el ingreso de un oficio por la mesa de entradas, y desconocemos los motivos. Tampoco podemos enviarle mails porque rebotan en la casilla". La magistrada argumentó que requiere con urgencia ese "auxilio ministerial" para cotejar las copias simples aportadas por la defensa de la firma y emitir una resolución final sobre si el vuelco en los canales pluviales violó la Ordenanza Nº 3310.
Tonelli defendió el levantamiento de la clausura preventiva
A su turno, el intendente Daniel Tonelli buscó llevar tranquilidad a los vecinos y fundamentó la decisión política de restituir provisoriamente la habilitación a la empresa. El mandatario recordó que la clausura es una herramienta excepcional que solo debe sostenerse mientras el riesgo sea inminente, y que al haberse verificado el inicio del plan de inversiones técnico, correspondía hacer lugar parcialmente a la apelación.
"Esta decisión no significa que hayamos cerrado el expediente ni que se haya emitido un juicio definitivo. La investigación continúa y se determinarán las responsabilidades y multas que correspondan", enfatizó Tonelli. El intendente argumentó que su gestión busca el "equilibrio entre la protección del ambiente y la preservación de las fuentes de trabajo", y citó como ejemplo la reconversión de la firma Quickood hace algún tiempo atrás, la cual solucionó un problema similar en el Canal Savoca tras ejecutar una millonaria inversión en reactores de efluentes.
La defensa de las empresas: "No somos los monstruos de Arroyo Seco"
El cierre del debate estuvo a cargo de los representantes de Worms S.A. y Calzin, encabezados por su presidente, Pablo Zimerman, y el gerente de planta, el ingeniero químico Pablo Pagani. Zimerman tomó distancia de los conflictos de administraciones previas y aseguró que la filosofía actual es "solucionar problemas ambientales, no generarlos".
El empresario defendió los 150 puestos de trabajo directos que genera el grupo y advirtió que la planta está en una zona industrial autorizada. Además, deslizó que el foco del mal olor podría estar en otros sectores: "Hoy hay un fantasma de que todos los problemas son Worms, pero hay que investigar si la causa proviene de aquí o de factores como las cloacas, que están mal ubicadas y colapsadas".
En sintonía, el ingeniero Pagani adelantó que la firma subirá a su web estudios de calidad de aire realizados por laboratorios certificados que demuestran que los compuestos olorosos no llegan al radio urbano. "Mientras la planta estuvo clausurada, los olores siguieron en el pueblo. Eso es índice de que están sucediendo otras cosas", disparó el técnico, quien además rechazó acusaciones sobre vuelcos de metales pesados y propuso conformar un comité tripartito junto al municipio y las ONG para realizar nuevas mediciones conjuntas y encontrar una salida definitiva.
Vecinos de Arroyo Seco expresaron su malestar y preocupación ante la presencia de camiones cisterna en la intersección de Independencia y San Nicolás. Advierten sobre el peligro vial y exigen respuestas a las autoridades municipales.