Nuevo penal en la comisaría local: No serán 12 sino 14 los detenidos

Mientras avanza la construcción del nuevo espacio que albergará de manera transitoria en la Seccional 27ª a personas privadas de la libertad, el día lunes 29 de diciembre de 2014 el Servicio Público Provincial de Defensa Penal obtuvo una sentencia favorable en el habeas corpus deducido a favor de personas alojadas en dependencias policiales de Rosario y de la zona; y entre lo más importante, se fijó un cupo de alojamiento de personas comisaría por comisaría. En el caso de Arroyo Seco, se alojarán a 14 personas y no a 12 como se anunció en un principio.

En enero de 2014, la Defensoría Regional Rosario realizó un relevamiento de todas y cada una de las Alcaidías, Comisarías y Sub-Comisarías de la Unidad Regional II de Policía y se constataron graves problemas de hacinamiento, edificios en mal estado y una deficitaria atención médica y alimentaria, entre otras circunstancias que permitieron afirmar que existía un agravamiento de las condiciones de detención y presentar un habeas corpus colectivo y correctivo.
La acción de habeas corpus, que contó con el respaldo documental correspondiente, llevó la firma del Defensor provincial, Defensor regional y de todos y cada uno de los Defensores públicos y Defensores públicos adjuntos de la Circunscripción Judicial Rosario para que no quedaran dudas de que se trataba de la inauguración de una política institucional de la nueva Defensoría pública que trascendería cualquier coyuntura política, judicial o personal.
Durante la sustanciación del habeas corpus, la autoridad denunciada (Ministerio de Seguridad) fue generando acciones paliativas en los dos aspectos más acuciantes del agravamiento de las condiciones de detención que la Defensoría pública había denunciado: atención sanitaria y hacinamiento.
En materia de atención sanitaria, el Ministerio de Seguridad firmó un convenio con el Ministerio de Salud y puso en funcionamiento una especie de Centro de Salud ambulatorio (radicado en la Comisaría 6° de Rosario) conformado por 7 médicos (con Zonas de Inspección a cargo de cada quien) cuya tarea consiste únicamente en brindar atención a presos en Comisarías. Según pudo constatar la Defensoría pública, dicho cuerpo médico realizó un relevamiento comisaría por comisaría, detectó todos los casos de enfermedades crónicas (diagnosticó, tomó muestras de laboratorio, dio tratamiento y proveyó medicamento), concretó un plan de vacunación general, realiza acciones preventivas y produce informes a pedido de los Defensores, etc.
En materia de hacinamiento, el Ministerio de Seguridad concretó el 21 de noviembre el traspaso al Servicio Penitenciario de la Alcaidía de Mayores de la Unidad Regional II de Policía, conformándose a partir de esa fecha la nueva Unidad Penitenciaria N° 6. De esta forma, unos 450 presos pasaron de la custodia policial a la custodia penitenciaria.
Paralelamente, según se pudo constatar en la inspección llevada a cabo en noviembre, la cantidad de personas alojadas en Comisarías bajó de 667 a 509 y se realizó una cantidad sustancial de refacciones edilicias reclamadas en el habeas corpus.

Finalmente, en los días previos a la realización de la audiencia de alegatos, la Defensoría pública (como accionante) acordó con el Ministerio de Seguridad (como autoridad denunciada) la fijación de un cupo constitucional y legal para cada una de las dependencias policiales, cuya sumatoria final no permite alojar más de 230 personas en toda la Unidad Regional II de Policía.
Este cupo será operativo a partir del día 6 de agosto de 2015, fecha para la cual el Ministerio de Seguridad deberá trasladar la cantidad de personas que exceden el cupo (509 menos 230) al Servicio Penitenciario provincial o federal. Para que estos traslados resulten materialmente posibles y no generen hacinamiento en las actuales Unidades Penitenciarias, la autoridad denunciada se comprometió a construir con fondos de emergencia pública dos Alcaidías Regionales para varones, con capacidad para 210 personas y una Alcaidía de mujeres, con capacidad para 100 personas, en predio propiedad de la Provincia de santa Fe ubicado en av. Circunvalación y Av. 27 de febrero). Asimismo, una vez concretados los traslados, el Ministerio de Seguridad asumió por escrito el compromiso de no volver a utilizar (o demoler) como espacio de detención ciertas dependencias policiales.
En síntesis se estableció entonces un cupo constitucional y legal para alojamiento de personas en dependencias de la U.R. II. Dentro de ese listado figura la Comisaría 27ª de Arroyo Seco donde claramente indica que al finalizar la construcción del nuevo penal que se encuentra en curso se alojará a un máximo de 14 detenidos; mientras que en la actualidad solo tiene que haber 2 personas alojadas en la sede policial.