Alejandro tiene 34 años y está domiciliado en Fighiera. A mediados de noviembre del año pasado, mientras se encontraba con conocidos cazando cotorras en el cementerio de Arroyo Seco, fueron sorprendidos por dos policías. A uno tuvo que entregarle 200 pesos para que los dejen ir. El caso tomó estado público tras una entrevista con este equipo periodístico y la denuncia llegó a Rosario. Ahora está en manos de la División Judiciales de la UR II.
El jueves viajó temprano a Rosario, lo habían llamado la semana pasada para solicitarle que se presente en la División Judiciales de la Unidad Regional II. Querían escuchar su testimonio y tras aquella llamada, no lo dudó y se hizo presente. Le tomaron un acta de entrevista y ahora la investigación avanza. Próximamente, aunque no sabe todavía dentro de cuanto, una vez que se le designe fiscal a este caso, lo volver a llamar para una posible rueda de reconocimiento.
Es uno de los pocos antecedentes, donde un civil se anima a denunciar a policías. Sus amigos y familiares lo apoyan en esta decisión ya que él sabe que es arriesgada. Reconoce que tuvo bastante coraje en avanzar con esta denuncia y espera que lo que le sucedió a él y a sus conocidos; no le ocurra más a nadie. Asegura que este paso lo dio mayormente por la gente de Fighiera y Arroyo Seco.
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Sostuvo que se sintió intimidado por estos policías que además le aceptaron “200 pesos” para que se puedan retirar esa tarde del cementerio. Allí estaban cazando cotorras. Sabe que la actividad no es lícita, pero aseveró que no tiene antecedentes ni nada que esconder y también sabe que estos agentes policiales no se manejaron correctamente con ellos.
Alejandro pidió que no se publique su nombre completo porque “no le gustan estas cosas” pero accedió nuevamente a charlar con La Posta Hoy y rememoró lo que les ocurrió durante aquella tarde de noviembre del año pasado. “Andaba con otros muchachos en la zona del cementerio buscando cotorras, pasa un móvil policial, pega la vuelta y para donde estábamos nosotros y nos preguntan que estábamos haciendo. Le respondí que estábamos buscando cotorras, incluso tenía una en la mano y nos dicen que esto no se podía hacer; y fue entones que nos fuimos para el lado del auto. Después ellos (policías) dan marcha atrás y se ponen detrás del vehículo en el que andábamos nosotros y nos dicen que nos bajemos. Nos bajamos, revisaron el auto, nos encuentran tres cartones de cigarrillos que eran del dueño del auto, les explicamos que eran para vender en un kiosco que él tiene y nos preguntaron si tenía factura y no se si tenía o no factura pero uno de ellos (policías) como que decía qué como podíamos arreglar esto y yo le dije que tenía 200 pesos. Tenía 223 pesos en el bolsillo porque había comprado cigarrillos y eso era del vuelto. Así que los agarró como diciendo que con eso no hacía nada pero que no nos querían ver más ahí en el cementerio”.
Una vez que Alejandro llegó a Fighiera se puso a reflexionar sobre lo que les había sucedido y solo se planteó que quería hacer una denuncia, pero no solo una exposición pública sino que estos efectivos sean sancionados por su acción. Así fue que brindó una nota para este semanario y tras esto, llegó un informe de la Inspección 8va Zona a la División Judiciales y desde estas oficinas se contactaron con él para pedirle colaboración y ver en qué podía ayudar para dilucidar responsabilidades sobre el hecho que él mismo había narrado de forma pública.
En Rosario, no solo contó esto, sino que además agregó que durante una transmisión de Facebook Live que surgió a raíz de una marcha con pedido de justicia por Jony Schonfield, pudo reconocer a uno de aquellos policías. Pronto no tardó en llegarle a sus oídos el nombre, era el subjefe del Comando Radioeléctrico Jesús González.
Ahora solo le resta identificar al otro uniformado que lo secundaba esa tarde. Dijo que próximamente, una vez que el caso tenga fiscal designado, lo estarán volviendo a contactar y es probable que tenga una rueda de reconocimiento.
Entre tanto, la investigación avanza y todo se encamina en su proceso. Se desconoce cuánto tiempo se demorará la resolución, pero eso no le quita el sueño. Lo que espera es que nadie más vuelva a pasar por una situación como la que ellos vivieron, la cual a su entender fue abusiva y fuera del correcto proceder de funcionarios públicos que solo tienen que velar por nuestra integridad y garantizarnos seguridad.